Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Pinto.La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) atendió las consultas y reclamaciones de 2.572 usuarios el año pasado.
El Ayuntamiento de Pinto ha dado a conocer el balance de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) en 2024. A lo largo del pasado año, el servicio ha atendido desde su sede en la calle Italia a un total de 2.572 usuarios, casi el doble que en 2023, cuando hicieron uso de este servicio municipal gratuito 1.300 vecinos.
En total se han logrado recuperar 62.197,24 euros, 23.208,78 euros más que en 2023, cuando se recabaron 39.988,46 euros en reclamaciones. El mayor número de consultas ha estado relacionada con el sector de suministros, principalmente del gas y la electricidad, siendo el motivo más repetido el aumento del precio de la energía sin previo aviso a los consumidores. Por detrás, en segundo lugar, se ha situado el sector servicios, y en tercer lugar, el de las telecomunicaciones, con casos de facturaciones incorrectas e incumplimiento de contratos.
La cantidad recuperada en 2024 gracias a las reclamaciones con resultado favorable podría verse incrementada al existir casos que aún están a la espera de respuesta.
Un año del cambio de ubicación
La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Pinto cambió de ubicación hace justo un año. Desde febrero de 2024, tiene sus dependencias en la calle Italia, 14, donde se encontraba el despacho de la Concejalía de Vivienda y Servicios Sociales de la Ciudad.
Su horario es de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, tanto para la atención presencial como para la telefónica, en la que cuentan con los números 912 483 818 y 648 605 895. También se puede solicitar una consulta con el servicio gratuito a través del correo omic@ayto-pinto.es.
La OMIC informa, ayuda y orienta a los consumidores para el correcto uso de sus derechos y obligaciones. Se encarga de atender sus consultas y de tramitar las posibles reclamaciones, cumpliendo una función mediadora entre los clientes y las empresas para intentar llegar a un acuerdo amistoso que evite un desembolso económico a los ciudadanos y libre de carga a los tribunales.
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