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Los alcaldes de Ciempozuelos y San Martín de la Vega quieren poner tope a los alquileres en sus municipios

Graciela Díaz Cuervo Ver comentarios 3 Lunes, 10 de Febrero de 2025 Tiempo de lectura:

Forman parte del grupo de diez regidores que el viernes presentó en la Asamblea de Madrid una iniciativa legislativa municipal para pedir que se cumpla la Ley Estatal de Vivienda.

Finalmente han sido diez los alcaldes que se han unido para presentar en la Asamblea de Madrid una iniciativa legislativa municipal que busca que se les otorgue la autonomía necesaria para declarar a sus localidades como zonas tensionadas, pudiendo limitar así el precio de los alquileres. Rafael Martínez y Raquel Jimeno, regidores de San Martín de la Vega y Ciempozuelos, son dos de los primeros ediles que conforman este grupo. 

 

El conjunto lo completan los alcaldes de Alcorcón (Candelaria Resta), Fuenlabrada (Javier Ayla), Getafe (Sara Hernández), Mejorada del Campo (Jorge Capa), Coslada (Ángel Viveros), San Fernando de Henares (Javier Copa), Pinilla del Valle (María del Mar Fernández) y Velilla de San Antonio (Antonio Alcázar), todos del Partido Socialista. Ramón Jurado, regidor de Parla, se ha terminado quedando fuera al no lograr que la propuesta obtuviese el respaldo del pleno municipal que preside.

 

La iniciativa fue registrada el pasado viernes, cuatro meses después de que se constituyese la comisión creada para su redacción, a la que Rafael Martínez se sumó unos días más tarde. Para llegar a la cámara regional, necesitaba contar con la mayoría absoluta de los plenos municipales de al menos tres ayuntamientos que sumasen en conjunto un censo de 50.000 electores, un requisito que cumplió con creces en noviembre, cuando recibió el visto bueno de las corporaciones municipales de los diez consistorios que aparecen en el texto presentado. 

 

En el documento se plantea la posibilidad de reformar la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid para que se aplique en la región la Ley Estatal de Vivienda y declarar zonas de mercado residencial tensionado a instancia de los municipios, siempre que se cumpla una de estas dos condiciones: que las familias destinen más de un 30% de sus ingresos al pago del alquiler o de la hipoteca o que el precio de la renta haya subido al menos tres puntos por encima del IPC en los últimos cinco años. 

 

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El siguiente paso, según dicta el Reglamento de la Asamblea de Madrid, es que la Mesa de la Asamblea —órgano rector dominado por el PP que en principio sólo vela por la corrección técnica de las propuestas— califique la iniciativa y la admita a trámite si procede, con los que se ordenará su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid (BOAM) y se remitirá al Consejo de Gobierno. Este manifestará su criterio respecto a la toma en consideración de la misma y, de no existir negativa expresa en los quince días posteriores a la notificación, será incluida en el orden del día del pleno. 

 

El consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ya ha adelantado que el Ejecutivo regional no permitirá “en ningún caso” que los municipios cuenten con la autonomía de declarar zonas tensionadas ni topará los precios como propone la “nefasta” Ley de Vivienda. “Yo creo que esos alcaldes lo que van a hacer es una foto simplemente, van a intentar embarrar y, desde luego, prácticamente en ninguno de esos municipios han llevado a cabo iniciativas para construir vivienda pública”, señaló en sus declaraciones a los medios durante su visita a las obras de la estación de Metro de Las Ventas, reiterando que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está en contra de políticas “intervencionistas”. 

 

Chalets a 1.400 euros

 

Si bien el Ayuntamiento de San Martín de la Vega no ha publicado comunicado alguno sobre el tema, el de Ciempozuelos sí se ha hecho eco de la contribución de Jimeno a la redacción de esta iniciativa. Su visita a la Asamblea de Madrid  ha quedado reflejada en una nota de prensa publicada en la sección de noticias de la web municipal y difundida en las redes sociales municipales, algo que ha sido duramente criticado por el portavoz del principal partido de la oposición, Héctor Añover. 

 

El popular ha acusado al equipo de gobierno de emplear los medios institucionales de todos para sus intereses políticos y ha recordado que la alcaldesa que "quiere bajar los precios con políticas que ya han fracasado" es la misma que "se hizo un vídeo antes de las elecciones promocionando chalets que se están alquilando por 1.400 euros al mes".

 

Las viviendas unifamioliares a las que se refiere Añover se empezaron a comercializar en el mes de enero, dos años y medio después del inicio de las obras de construcción del sector urbanístico en el que se encuentran. Lo que la alcaldesa vendió en su momento como una opción "para que vengan a vivir nuevas familias y para que las familias que buscan una vivienda nueva o nuestros jóvenes no se tengan que ir fuera de Ciempozuelos", hoy se ha traducido en adosados con 3 habitaciones, 2 baños, jardín privado y alquileres que parten de 1.425 euros al mes.

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