La alcaldesa de Ciempozuelos se alía con otros ocho regidores del PSOE para regular la vivienda de alquiler

Los alcaldes socialistas de nueve municipios madrileños han constituido este jueves una comisión para presentar una iniciativa legislativa municipal en la Asamblea de Madrid que permita reconocer a sus localidades como zonas tensionadas, pudiendo limitar así los precios de los alquileres. Una de las regidoras que forma parte de este grupo es la primera edil de Ciempozuelos, Raquel Jimeno, quien ha expresado su preocupación por “la dificultad de la mayoría de jóvenes y de las familias para acceder a una vivienda”. 

El conjunto lo completan los alcaldes de Alcorcón (Candelaria Resta), Fuenlabrada (Javier Ayla), Getafe (Sara Hernández), Parla (Ramón Jurado), Mejorada del Campo (Jorge Capa), Coslada (Ángel Viveros), San Fernando de Henares (Javier Copa) y Velilla de San Antonio (Antonio Alcázar), todos del Partido Socialista. 

Su unión dará fruto a una propuesta que se registrará en el parlamento autonómico entre finales de 2024 y comienzos de 2025. En ella se planteará la posibilidad de reformar la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid para que se aplique en la región la Ley Estatal de Vivienda y declarar zonas de mercado residencial tensionado a instancia de los municipios, siempre que se cumpla una de estas dos condiciones: que las familias destinen más de un 30% de sus ingresos al pago del alquiler o de la hipoteca o que el precio de la renta haya subido al menos tres puntos por encima del IPC en los últimos cinco años. 

La declaración, que busca poner freno a las subidas de los alquileres, depende ahora mismo del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, que se ha negado sistemáticamente a activarla con el argumento de que se trata de una medida intervencionista que reduce la oferta y aumenta los precios. 

Mayoría absoluta de al menos tres plenos municipales 

Para que una iniciativa legislativa municipal sea discutida por la Asamblea de Madrid, debe antes ser suscrita por mayoría absoluta de los plenos municipales de al menos tres o más ayuntamientos que cuenten en conjunto con un censo superior a los 50.000 electores, de acuerdo con lo recogido en la Ley 6/1986, de 25 de junio, de iniciativa legislativa popular y de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.

Una vez firmada el acta de constitución de la comisión, sus miembros deberán aprobar el texto que conformará la iniciativa, que a su vez, tendrá que contar con el visto bueno de los plenos para proceder a su registro en la sede parlamentaria. Una vez allí, deberá pasar el filtro de la Mesa de la Asamblea, órgano rector de la institución dominado por el PP que en principio sólo vela por la corrección técnica de las propuestas. Su resolución positiva o negativa, a comunicar en el plazo de quince días desde la admisión de la iniciativa, se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).