
El alcalde, David Conde, ha asegurado que la pondrá en marcha “sin que nadie salga perjudicado”.
El delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha enviado una carta a tres ayuntamientos de la región que todavía no han iniciado los cauces necesarios para implantar la Zona de Bajas de Emisiones en su término municipal. La Ley de Cambio Climático exige que desde enero de 2023 todas las ciudades de más de 50.000 habitantes cuenten con un área de estas características.
Aunque son pocas las ciudades que cumplen con la norma, la inmensa mayoría han comenzado a trabajar en la implantación de las ZBE. Únicamente Arganda del Rey, Aranjuez y Valdemoro no han iniciado los procesos necesarios, por lo que la Delegación del Gobierno ha decidido mandar un ultimátum: si siguen eludiendo sus obligaciones, el año que viene no recibirán ayudas para el transporte público.
“Todos tenemos la obligación de cumplir las leyes, aunque puedan no gustarnos”, ha expresado Francisco Marín, que ha añadido que “deben hacerlo por la salud de sus vecinos y por el bienestar de las próximas generaciones”. El delegado del Gobierno ha explicado que envió un requerimiento en verano al Ejecutivo valdemoreño de Partido Popular y Vox y que este contestó con “evasivas”, a lo que se suma que en anteriores ocasiones “han mostrado públicamente su intención de no cumplir con la legislación vigente”.
El alcalde, David Conde, ha respondido que “Valdemoro es una ciudad cumplidora” poniendo como ejemplo la reciente aprobación de la nueva tasa de basuras “impuesta por ustedes”. Sin embargo, ha recordado que “es una ciudad que está atravesada por una autopista por la que circulan 120.000 vehículos diarios”. Por ello, ha garantizado que “vamos a hacer la ZBE, pero no la vamos a hacer contra los vecinos si no que vamos a plantearla para que nadie salga perjudicado”.
Por otro lado, Conde ha criticado al delegado del Gobierno: “Mandar una carta cuando ya está filtrada a la prensa tiene otros objetivos que ni mucho menos tienen que ver con la ZBE”.
Reacciones
El cruce de acusaciones ha generado opiniones divididas. Del lado del Gobierno de España se ha posicionado, como no podía ser de otra manera, el PSOE y su secretario general en Madrid, Juan Antonio Lobato, que ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que deje un lado su “rebeldía y negacionismo” y exija a los alcaldes popular que cumplan la ley “para evitar este riesgo y esta situación catastrófica”.
En Valdemoro, el portavoz de los socialistas ha criticado a David Conde porque “ha entrado en una deriva llena de mentiras que enmascaran su nefasta y nula gestión”. Vicente López ha mencionado, además de la “insumisión legal” de regidor, otras cuestiones como el “tasazo de basuras injusto que subirá la presión fiscal como nunca para llenar las arcas del Ayuntamiento” o el que no haya presentado ningún proyecto a los Fondos Europeos.
El Partido Popular, en cambio, ha salido en defensa del Gobierno de Valdemoro. “El delegado del Gobierno tiene obligaciones antes de decir a alcaldes del PP cómo hacer su trabajo”, ha dicho el secretario general del partido en Madrid, Alfonso Serrano, recordando la reciente polémica en Parla por el alarmante aumento de los niveles de delincuencia en la ciudad. “Frente a una supuesta plantilla de 250 policías en Parla, la realidad según fuentes sindicales es que hay unos 150 en el municipio con mayor incremento de criminalidad”, ha declarado.
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