
Su portavoz, Carlos Girbau, ha registrado una solicitud en el Ayuntamiento para tener acceso a las copias de las actas de inspección que puedan existir, después de que hayan salido a la luz los 205 informes de las visitas de la Policía Municipal de Madrid a geriátricos de la capital.
¿Intervino la Policía Local de Ciempozuelos en las residencias y complejos asistenciales del municipio durante la primera ola de la pandemia? El grupo municipal de Más Madrid ha planteado esta pregunta al equipo de gobierno local en una solicitud registrada esta semana en el Ayuntamiento, después de que haya salido a la luz el contenido de las 205 actas de inspección que la Policía Municipal de Madrid redactó en sus visitas a los geriátricos de la capital en los meses de marzo y abril de 2020.
“Suponemos que los protocolos de la vergüenza fueron aplicados en toda la Comunidad de Madrid. Si hay más de doscientas actas firmadas por la Policía Municipal de Madrid, debe haber alguna de los agentes de Ciempozuelos”, señala su portavoz, Carlos Girbau. “Lo desconocemos. Por eso, primero preguntamos, y de tener una respuesta afirmativa, queremos que salga a la luz lo que ocurrió”.
En los informes de los agentes de Madrid, se constatan cuestiones como el agotamiento físico y psicológico del personal o la falta de material adecuado, especialmente de equipos de protección (EPI) y de test diagnósticos, imprescindibles para determinar qué pacientes estaban sanos y cuáles no. “Fallecieron 7.291 mayores sin recibir atención sanitaria y el problema es que no hay una fiscalización de la actividad. Es lo que reclamamos en un municipio en el que tenemos cinco residencias y dos centros asistenciales”, afirma el único concejal de la formación en Ciempozuelos.
Girbau se suma con su petición a las iniciativas ya emprendidas por sus homónimos en municipios como Móstoles y Leganés, buscando recopilar toda la documentación que exista al respecto para su envío a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. Más Madrid remitirá la información al órgano consultivo a fin de que sus expertos determinen si el Ejecutivo regional vulneró los derechos humanos durante la primera ola de la pandemia.
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