“La nueva tasa la pagaremos los vecinos porque ninguna compañía de seguros va a perder dinero y en cuanto se aplique nos subirán las pólizas a todos los usuarios”, sostiene el presidente de la asociación, Jesús Paniagua.
La Asociación de Consumidores y Usuarios de Valdemoro (ACUSVAL) teme que la nueva ordenanza reguladora de la tasa por mantenimiento del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamentos tenga repercusiones negativas en los vecinos. El colectivo considera que es “muy posible” que las compañías de seguros repercutan los costes entre aquellos que cuenten con un seguro de hogar o de carácter comercial, con el consiguiente encarecimiento de las pólizas.
La tasa entrará en vigor el 1 de enero de 2024 y supondrá un ahorro de algo más de dos millones de euros anuales a las arcas municipales al cubrir, con el pago que se exigirá a las aseguradoras, prácticamente la totalidad del importe de 2.400.476,30 euros que el Ayuntamiento abona cada año a la Comunidad de Madrid como localidad de más de 20.000 habitantes sin parque de bomberos.
“La nueva tasa la pagaremos los vecinos porque ninguna compañía de seguros va a perder dinero y en cuanto se aplique nos subirán las pólizas a todos los usuarios”, ha asegurado el presidente del colectivo, Jesús Paniagua, en un comunicado en el que solicita que se retire la ordenanza y se valore su repercusión entre los consumidores, algo para lo que considera necesaria la creación de un Consejo Municipal de Comercio y Consumo.
Aprobada en un pleno extraordinaria
La nueva ordenanza fue aprobada en el pleno extraordinario celebrado el miércoles 11 de octubre, contando con los votos a favor de todos los concejales de la corporación municipal, quienes aprovecharon sus turnos de palabra para celebrar la llegada de esta medida y felicitar a los trabajadores encargados de su confección.
Rivas Vaciamadrid fue el primer municipio en cobrar esta tasa a las aseguradoras en 2015. El Ayuntamiento liderado por Izquierda Unida (IU) aprobó la ordenanza fiscal y luchó durante seis años contra las compañías hasta conseguir el visto bueno final del Tribunal Supremo, con su sentencia de septiembre de 2021.
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