
El pago que se exigirá a las aseguradoras cubrirá gran parte de la tasa de 2.400.476,30 euros que el Ayuntamiento paga anualmente a la Comunidad de Madrid.
Valdemoro contará con una nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa por mantenimiento del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamentos. La propuesta de aprobación inicial salió adelante por unanimidad en el pleno extraordinario celebrado esta misma mañana, recibiendo los trabajadores encargados de su confección la enhorabuena de todos los grupos municipales.
Una vez entre en vigor el 1 de enero de 2024, supondrá un ahorro de algo más de dos millones de euros anuales a las arcas municipales al cubrir, con el pago que se exigirá a las aseguradoras, parte de la tasa de 2.400.476,30 euros que el Ayuntamiento paga cada año a la Comunidad de Madrid como localidad de más de 20.000 habitantes sin parque de bomberos.
En concreto, según la estimación realizada para establecer la cuota a pagar en 2023, el montante total que se recaudaría con la nueva tasa ascendería a 2.160.428,67 euros, cantidad que rebaja a sólo 240.047,63 euros el importe que el Consistorio debe abonar al Ejecutivo regional por el servicio de incendios.
El Partido Popular, ahora en el equipo de Gobierno, presentó en febrero de 2022 una moción para estudiar la viabilidad de implantar esta ordenanza fiscal, que contó con el voto a favor de todos los concejales y con el compromiso del entonces concejal de Economía y Hacienda, Francisco Mimoso, de que se pondrían con ello. “En cuanto podamos la tendremos”, aseguró, un mes antes de renunciar a su liberación y a todas sus funciones.
Rivas, el primero en hacerlo
En su exposición del punto, el primer teniente de alcalde, José Javier Cuenca, ha repasado la lista de municipios madrileños que ya cobran esta tasa, destacando a Rivas Vaciamadrid como el primero en hacerlo en 2015. El Ayuntamiento liderado por Izquierda Unida (IU) aprobó la ordenanza fiscal y luchó durante seis años contra las aseguradoras hasta conseguir el visto bueno final del Tribunal Supremo, con su sentencia de septiembre de 2021.
La tesis planteada por los mandatarios de Rivas y apoyada por los tribunales era sencilla: se cobra a las aseguradoras la parte proporcional de lo que ellas exigen a los ciudadanos por un servicio, el de extinción de incendios, que no prestan y por el que la administración local paga a la Comunidad de Madrid desde 2013.
Tras conocerse el fallo, ZIGZAG elaboró una información calculando lo que se podrían llegar a ahorrar Pinto y Valdemoro si implementaban la tasa que estaba cobrando Rivas. Los dos gobiernos aseguraron a este medio que estaban al corriente del desenlace del conflicto judicial, si bien reconocieron que no habían realizado ningún movimiento para modificar la situación.
Facturas por pagar
El pleno, que ha durado poco más de media hora, también ha servido para aprobar cinco propuestas de reconocimiento extrajudicial a fin de abonar facturas pendientes a Giglon, Emysi, Kone Elevadores y Fulton Servicios Integrales. Estos puntos contaron con los votos a favor de Vecinos por Valdemoro, PP y Vox, la abstención de Más Madrid y la oposición del PSOE.
Los partidos de izquierdas decidieron no apoyar las propuestas al considerar que se debían exigir responsabilidades por lo sucedido y que el actual Gobierno no había puesto en marcha ningún tipo de mecanismo para asegurar no tener que volver a recurrir a este tipo de trámites.
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