Valdemoro acumulaba una deuda de 2,3 millones de euros con Cofely antes de que se resolviese el contrato

La sentencia que ha condenado al Ayuntamiento de Valdemoro a pagar 2.168.498,18 euros en facturas pendientes a Cofely ha generado un nuevo desencuentro entre los distintos grupos políticos que conforman la corporación municipal, deseosos de buscar a un culpable. Mientras que Ciudadanos señala al PSOE como responsable al ser el partido que gobernaba cuando se tomó la decisión de suspender el contrato con la empresa, el portavoz socialista, Serafín Faraldos, defiende que es “materialmente imposible” que la cantidad a pagar se generara por los servicios prestados durante su etapa como alcalde.

El acuerdo para suspender la adjudicación e iniciar la revisión de oficio se aprobó en un pleno extraordinario celebrado el 13 de abril de 2018, contando con el voto a favor de los concejales de todos los partidos a excepción de los ediles de Ciudadanos, que optaron por la abstención al considerar necesaria una sentencia condenatoria. Días después, Faraldos anunciaba en rueda de prensa el inicio del expediente para anular el contrato con Cofely, asegurando que “en ningún momento” se iba a poner en riesgo el suministro eléctrico, pues, “por interés público, la empresa deberá seguir prestando los servicios hasta que pueda ser sustituida de forma directa por el propio Ayuntamiento o por otro contratista”.

Casi cuatro años más tarde, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 21 de Madrid, a través de un auto del 27 de febrero, ha anulado parte del acuerdo que el Ayuntamiento tomó en el pleno extraordinario de abril de 2018 y ha condenado al Consistorio a abonar a la empresa 45 facturas que no se pagaron entre el 11 de noviembre de 2017 y el 1 de abril de 2019. “Es claro que el Ayuntamiento debe abonar los servicios prestados, todo ello con independencia de lo que resulte de la causa penal, pues no puede fundamentarse en la prejudicialidad penal para beneficiarse de la prestación de un servicio, sin abonar el precio”, afirma.

Este mismo argumento fue empleado por la empresa en sus alegaciones al acuerdo del pleno, recogidas en un documento enviado por Registro General al Ayuntamiento en mayo de 2018. Cofely sostiene en ese escrito que el Ayuntamiento, al suspender el contrato y ordenar la continuación del servicio sin contraprestación económica, vulnera su derecho fundamental a la presunción de inocencia y se adelanta al resultado lesivo sin conocer el sentido del pronunciamiento penal. 

Valdemoro ya debía, en 2018, más de 2 millones de euros a Cofely

La empresa repasa en el documento su relación con el Ayuntamiento de Valdemoro desde que se formalizase el contrato de suministro eléctrico en diciembre de 2013, por 60,8 millones de euros y una vigencia de 15 años, cuando era alcalde el popular José Carlos Boza. El vínculo contractual se ha basado en continuos retrasos en el pago de las facturas por parte del Consistorio desde agosto de 2014. 

Con el fin de evitar una suspensión del contrato por impago superior a 4 meses, en septiembre de 2015, la compañía acordó un plan de pagos con el Ayuntamiento para abonar la deuda existente, que no se cumplió. El 27 de marzo de 2018, dado el déficit acumulado, Cofely presentó una solicitud de resolución contractual y comunicó al órgano de contratación el anuncio de suspensión del contrato. El documento, firmado en mayo de 2018, asegura que, en ese momento, Valdemoro debía 2.312.985,93 euros a la empresa. 

“Hasta que no se produzca la resolución del contrato por falta de pago y se abonen todas las facturas adeudadas y las inversiones no amortizadas, lo que se estará produciendo es un enriquecimiento injusto por parte del Ayuntamiento, que ha disfrutado de unos servicios y suministros que no ha pagado (y pretende que siga siendo así)”, defiende la empresa en sus alegaciones al acuerdo.