Condena histórica a Azora, el fondo buitre que estafó a 240 familias con alquiler social en Pinto

El juzgado de primera instancia 31 de Barcelona dictó la semana pasada la primera sentencia en España que condena a Azora por imponer cláusulas abusivas y fraudulentas a una inquilina.  Azora, el tercer fondo buitre con más viviendas en España, quería subir un 30% el precio del alquiler del piso a la mujer en mitad del contrato.

La sentencia considera nulas nueve las diez cláusulas denunciadas por la inquilina que, junto al Sindicat de Llogateres y al Collectiu Ronda, demandó a Azora en 2020. La subida del 30% del alquiler que establecía el fondo a partir del tercer año de contrato (pasando de 690 euros mensuales a casi 1.000), tras terminarse el periodo de “bonificación”, fue declarada “una maquinación para sortear o evitar la aplicación de la normativa legal” que establece que los incrementos no pueden superar el IPC en contratos con una vigencia de siete años, como era el caso.

Otras de las cláusulas fraudulentas son la que obligaban a la inquilina a asumir un seguro de impago, la posibilidad por parte de Azora de quedarse la fianza una vez se marchara o el cobro de una penalización alta por la demora en la devolución de las llaves.

Este juicio marca un precedente histórico ante los abusos inmobiliarios, por parte de este y otros fondos buitre, que podría cambiar el futuro de miles de familias que se encuentran en la misma situación, como los cientos de familias de Pinto estafadas por Lazora, la plataforma dedicada al alquiler de vivienda asequible de Azora. 

En 2020, las 240 familias del número 28 del Paseo de Las Artes que habían accedido a las viviendas de alquiler social a través de un concurso público realizado por el Ayuntamiento de Pinto en 2010, denunciaron en el juzgado las “condiciones caprichosas, volubles y abusivas” que estaba imponiendo Lazora a los vecinos.

Según narraron los residentes, Lazora les mintió asegurándoles que el 33% del precio del alquiler que habían estado pagando se estaba destinando a la futura compra del inmueble, que podrían realizar diez años después del inicio del contrato. Pero cuando llegó el momento, los inquilinos se encontraron con que no podrían acceder a su derecho a compra del inmueble hasta el año 2040 por estar sujetas las viviendas al régimen de VPPA y haberse beneficiado el promotor de ayudas estatales para financiar su construcción. El fondo buitre, además, habría estado cobrando un alquiler por encima de lo establecido por la Comunidad de Madrid para las “viviendas de protección pública”, imponiendo, además, subidas abusivas.