El fondo buitre Lazora estafa a 240 familias con alquileres sociales en Pinto

Francisco entró a vivir en el año 2010 en un piso de alquiler social situado en el 28 del Paseo de Las Artes de Pinto. Un piso al que solo podía acceder cumpliendo una serie de requisitos, como el hecho de tener una renta baja y que consiguió por un sorteo del propio Ayuntamiento de Pinto para personas vulnerables.

En el contrato que firmó, le prometieron que una vez se cumplieran diez años de alquiler, podría tener opción a comprar ese piso que estaba alquilando y para ello, cada mes de alquiler, Francisco ha destinado un 33,33% a la futura compra del inmueble. La sorpresa ha llegado ahora, en 2020, cuando se cumplen esos diez años de contrato y Francisco se ha encontrado con que no solo no puede acceder a la opción a compra este año, sino que no podrá hacerlo hasta que hayan pasado 25 años desde que entró al piso.

Como él, hay en la misma urbanización 240 familias que llevan meses luchando contra la empresa adjudicataria, Lazora, para dar con una solución a su situación actual. “Nos sentimos estafados. Ahora que estamos teniendo acceso a todos los documentos nos damos cuenta de que no solo nos engañaron con la posibilidad de opción a compra, sino que además han estado cobrándonos de más todo este tiempo”, explica Francisco.

Condiciones

Se refiere a las condiciones para el arrendamiento de este tipo de viviendas que establece la Comunidad de Madrid, que en el año 2007 las calificó como “viviendas con protección pública”. Este calificativo implica que se trata de edificaciones de tipo VPPA básica (viviendas para el arrendamiento) y que deben cumplir 25 años en este régimen antes de poder cambiarse a viviendas con opción a compra.

Este plazo, se ampliaría en el caso de este bloque de viviendas puesto que además “el promotor se acogió a ayudas gubernamentales al tratarse de vivienda para uso social, por lo que el plazo de arrendamiento se extendería hasta los 30 años”, recogen en la página web vecinal que han creado los beneficiarios de estas viviendas para reclamar soluciones.

En cuanto al precio, el pliego de condiciones del Ayuntamiento de Pinto establecía que “deberá estar comprendido necesariamente como máximo en seis euros por metro cuadrado, considerándose los trasteros dentro del precio de la vivienda e imponiendo un máximo de 25 euros por la plaza de garaje”.

Sin embargo, explica Mónica, otra de las afectadas, la realidad es bien distinta. “En el pliego del Ayuntamiento pone que es máximo de 6 euros. En las condiciones que establece la Comunidad de Madrid para este tipo de viviendas, dice que el máximo tiene que estar en 4,34 euros y a nosotros Lazora nos ha estado cobrando a 7,23 todos estos años y nos ha impuesto subidas que han llegado hasta los 200 euros. No se entiende”.

Pagando el IBI

Por otro lado, las personas que están viviendo en esta urbanización, denuncian que durante todo este tiempo han estado pagando el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), cuando la vivienda no les pertenece y además se trata de un contrato en el que ellos adquieren el derecho a uso, no al suelo, que pertenece al Ayuntamiento de Pinto que volverá a tener el derecho de uso en 75 años.

Otro de los problemas al que se está enfrentando esta comunidad de vecinos es que en las renovaciones de los contratos de alquiler, el fondo Lazora está “imponiendo condiciones caprichosas, volubles y abusivas a los inquilinos” denuncia la abogada que está llevando el caso, Lucía Cedrún Ruiz, en un escrito al Ayuntamiento de Pinto.

En este tiempo, denuncia la letrada, Lazora ha ido incrementando constantemente el alquiler, haciendo creer a sus inquilinos que este dinero que iban aportando iba destinado a reducir el precio de compra que tendrían que abonar una vez finalizados los diez años. “Mis representados no solo se van a quedar sin si derecho a la adquisición de la vivienda y sin el dinero que invirtieron para su futura adquisición, sino que pueden quedarse sin un techo donde vivir por haber finalizado el plazo de arrendamiento”, expone.

Además, Francisco denuncia irregularidades en cuanto a los precios que Lazora ha establecido a lo largo de los años por la compa de sus pisos. “Cuando firmé el contrato con opción a compra, me dijeron que mi piso valdría, una vez pasasen los diez años y descontado el 33% que destinaría cada mes a su compra, 72.619’10 euros. Ahora, cuando he solicitado la opción a compra, primero me dijeron que el precio era de 108.650’57 y cuando les dije que no podía ser, rectificaron y me dijeron que 68.930’41”, explica el inquilino indignado por el baile de cifras.

El Ayuntamiento, sin responder

No es la primera vez que Lazora se ve envuelto en polémicas de este tipo. En Torrejón de Ardoz, el Consistorio aprobó por unanimidad en pleno apoyar a los vecinos afectados por esta empresa, que siguió allí el mismo procedimiento irregular que en Pinto.

Por ello, los vecinos piden al Ayuntamiento de Pinto que intervenga ante esta situación que tiene a cientos de familias vulnerables temiendo que las echen de sus casas de un momento a otro dados los incrementos en el alquiler a los que se les está sometiendo, tratando de hacer viable la compraventa de estos inmuebles tal y como se les había prometido a los inquilinos “y si no es posible debido al defecto de forma expuesto, que al menos se les indemnice”, solicita la abogada.

El Ayuntamiento, por su parte, ha declinado hacer declaraciones a este medio acerca de esta problemática. Los vecinos se han reunido con el alcalde en un par de ocasiones desde que se encontraron con esta situación y afirman que solo se han encontrado “silencio administrativo”.