Valdemoro incumplirá la obligación de contar con una zona de bajas emisiones antes de 2023

Desde el 1 de enero las ciudades de más de 50.000 habitantes, como Valdemoro o Pinto, deberían contar con una zona de bajas emisiones (ZBE) en su término municipal. Aunque la norma, dictada por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en su artículo 14, fue aprobada en mayo de 2021, un año y medio después apenas una veintena de poblaciones de 149 han presentado algún tipo de proyecto para poner en marcha este tipo de espacio.

Entre las ciudades que no contarán con una ZBE este año se encuentra Valdemoro. El Ayuntamiento ha explicado que antes de elegir la zona donde se implantará “está pendiente la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza de movilidad y la aprobación del reglamento de actuación durante episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno”. Las ZBE no tienen por qué afectar exclusivamente al centro de las ciudades, pudiendo localizarse en espacios de especial protección como hospitales o colegios para conseguir un aire más limpio alrededor de estos espacios.

 Mientras que otras ciudades como Pinto han hecho uso de los fondos europeos para implantar nuevas zonas de bajas emisiones, el plan presentado por el Ayuntamiento de Valdemoro no fue aprobado, -en el que, sin ordenanza ni reglamento, pedían más de 1,5 millones de euros para peatonalizar más de 200.000 m² en el centro de la ciudad- quedándose sin ayudas.

Desde el Ayuntamiento de Valdemoro declaran que se encuentran “a la espera de una moratoria” de la norma, que también ha sido solicitada por la Federación Española de Municipios y Provincias. “A todas estas incertidumbres y dificultades hay que sumar la situación económica del municipio, con presupuestos prorrogados desde 2014 que en ningún caso reflejan las partidas suficientes que se precisan para acometer este proyecto”, añaden desde el Gobierno municipal.

Aunque a partir de enero los municipios de más de 50.000 habitantes tienen la obligación de contar con una ZBE, no hay aprobada, sin embargo, ninguna sanción por no tenerla. En este sentido, el pasado 27 de diciembre, el último Consejo de Ministros del año aprobó un Real Decreto para dar seguridad jurídica a los ayuntamientos que quieran aplicar cualquier tipo de discriminación en la circulación en el que se únicamente se especifica que las administraciones locales tendrán que imponerse unos objetivos de emisiones para 2030.