La oposición acusa al Gobierno de Ciempozuelos de “poner en peligro” el futuro de los interinos

En el pleno ordinario del Ayuntamiento de Ciempozuelos correspondiente al mes de diciembre, la corporación debatió sobre el proceso de selección para la estabilización de la plantilla municipal. Ahora Ciempozuelos, PP, CPCI y Vox presentaron por urgencia una moción conjunta para reprobar al equipo de gobierno de PSOE y Ciudadanos y, en concreto, a la alcaldesa, Raquel Jimeno. El punto, que salió adelante con el único apoyo de los partidos proponentes, estuvo marcado por los constantes reproches e interrupciones entre el resto de grupos y la presencia de algunos de los empleados afectados.

La oposición exigió al Ejecutivo un cambio en su política laboral tras no cumplir con el acuerdo alcanzado con los sindicatos y por el que los 37 interinos del Ayuntamiento de Ciempozuelos tendrían prioridad en el concurso. A diferencia de lo que han hecho la mayoría de ayuntamientos españoles e incluso la Mancomunidad de Servicios Sociales de Las Vegas -en la que el gobierno local ocupa una vicepresidencia-, Ciempozuelos no favorecerá a los trabajadores municipales por su antigüedad.

El problema, alega el Gobierno, es un informe negativo por parte de los técnicos locales y que, según el interventor municipal, es indispensable para sacar adelante el proceso de selección. “Nosotros no hubiéramos tenido informes negativos, nos habríamos encargado de conseguir informes positivos que nos permitan llegar a acuerdos con los trabajadores”, recalcó durante su intervención Carlos Girbau, de Ahora Ciempozuelos. Desde la confluencia pusieron el acento en que el resto de ayuntamientos no han encontrado ningún reparo a la propuesta de los sindicatos, por lo que pidieron pactar para “salvar la situación del empleo de Ciempozuelos y la vida de la administración durante los próximos años”.

Para el Partido Popular, el problema radica en la actitud del Gobierno y, especialmente, de Raquel Jimeno. “No ha mostrado voluntad de acuerdo desde el primer minuto, ha apurado hasta el final la negociación, se ha comprometido a una serie de puntos sabiendo que no iba a aceptarlos, ha amenazado con informes que nadie conocía y que no estaban hechos y ha puesto en la picota a sindicatos y a trabajadores”, echó en cara su portavoz, Héctor Añover. Los populares afirman que el Ejecutivo ha puesto “en peligro” los puestos de los trabajadores afectados y aseguran que el Ayuntamiento podría tener que abonar hasta 900.000 euros en indemnizaciones.

El portavoz de CPCI, Pedro Torrejón, coincidió en las críticas hacia la alcaldesa, a la que acusó de priorizar “su desorbitada vanidad, su obsesión por perpetuarse en el cargo y su permanente obsesión por tratar de orillar a todo aquello que no mana de usted”. El partido puso especial énfasis en las supuestas “descalificaciones” vertidas por Raquel Jimeno contra los sindicatos y habló de “chantajes” y coacciones hacia los trabajadores municipales afectados. Desde Vox, en cambio, se limitaron a lamentar la situación y exigir que “se alcance un acuerdo lo más rápido posible”.

El Gobierno permanece ajeno a las críticas

Para el Gobierno de coalición las palabras de la oposición fueron meros “discursos navideños”. “¿Si gobernasen todos ustedes irían en contra de los informes de los técnicos? Creo que no”, expuso la portavoz de Ciudadanos, Marta Ávila. Por su parte, la concejala de Personal por el PSOE, Sandra Pérez, defendió que habían sido once meses negociaciones en los que había trabajado bajo las premisas del “compromiso con los trabajadores y el respeto al marco jurídico”. Finalmente, el Ejecutivo modificó “tres palabras” del acuerdo alcanzado con los sindicatos porque, de lo contrario, “se vulnerarían derechos constitucionales”.

La alcaldesa refrendó las palabras de la edil e insistió en que no acatar el informe del técnico municipal supondría cometer prevaricación. “Ojalá ese equipo de gobierno no tuviera ese informe negativo”, expuso Raquel Jimeno, que dijo “alegrarse infinito” por aquellos ayuntamientos en los que sus técnicos no han encontrado reparos al punto. En este sentido, la regidora dijo comprender a los empleados afectados: “Es muy injusto que en algunos ayuntamientos se haya incluido ese punto y se cree una diferencia con nuestros trabajadores”.

A pesar de todo, Jimeno defendió no haber incumplido “ni una sola palabra” del acuerdo alcanzado con los sindicatos. “Me comprometí a luchar para incluir ese punto, hablé con todos los técnicos y analicé con ellos esos informes positivos, pero no los comparten”, relató. También expuso su deseo de que los 37 trabajadores afectados continúen en su puesto de trabajo y criticó la moción presentada por la oposición porque “lo que dicen es falso y están utilizando políticamente a los trabajadores y su tranquilidad laboral”.

La alcaldesa tuvo también palabras para los sindicatos. “Los trabajadores afectados no saben el tipo de proceso que se hará, solo se les han trasladado grandes frases contra mí y el equipo de gobierno”, dijo sobre la labor de los representantes de los trabajadores. En su opinión, “se ha salido a la calle utilizando tiempo laboral y recursos municipales” cuando “la solución no es salir a la calle, sino sentarse a trabajar”. De hecho, Jimeno señaló que “he sido sindicalista antes que política, tengo mi carnet de UGT desde hace mucho tiempo, pero no comparto el sindicalismo que en algunas ocasiones se ha hecho en este ayuntamiento y en el que se han traspasado límites que son difíciles de aceptar”.

Desde el Gobierno, en cualquier caso, quisieron restar importancia a la polémica. “No comparto ese dramatismo de que van a quedar en la calle 37 trabajadores, es falso. Ni en las bases estaba garantizado que se iban a quedar ni sin ellas está garantizado que se vayan”. Por ello, Raquel Jimeno lamentó que “más allá del ruido e intentar dañar mi imagen esto no sirve para nada, solo para satisfacer el oído de algunos, la crítica política y el titular de mañana”.