M.D.G. tiene a su cargo un hijo que padece una grave enfermedad y reside desde hace cuatro años en una de las viviendas sociales de Pinto con su hija y sus nietos, víctimas de violencia de género.
El Ayuntamiento de Pinto ha comunicado a una familia en riesgo de exclusión la denegación de la prórroga para continuar usando una de las viviendas sociales del barrio de la Tenería. El Gobierno de coalición, formado por PSOE, Unidas Pinto y Podemos, notificó su decisión a los inquilinos el pasado 5 de abril, a los que les concedió únicamente dos días de plazo para abandonar el inmueble. De momento, se niegan a irse y se han convertido oficialmente en okupas: “Pensé que me iban a ayudar una vez que se acabase el contrato, no lo entiendo”.
No es la primera vez que la cabeza de la familia, M.D.G., pasa por esta situación. El anterior equipo de gobierno de Ganemos Pinto decidió en 2017 no prorrogar el contrato de arrendamiento de la vivienda municipal en la que residía desde 2014 con tres de sus hijos, dos de ellos menores y otro gravemente enfermo. Ella, que sufre una minusvalía del 60%, se encontraba en paro y solo cobraba la renta mínima, lo que hizo que acumulase una importante deuda con el Consistorio al no poder afrontar los 400 euros mensuales en concepto de alquiler.
Finalmente, la presión mediática obligó a rectificar a Ganemos Pinto, que le ofreció en 2018 una de las viviendas sociales de la localidad en las que la renta es de 150 euros. Aunque en este tiempo dos de los entonces menores se han independizado, M.D.G. sigue a cargo de su hijo enfermo y ha dejado de percibir la renta activa de inserción. Además, desde hace poco más de un año vive con su hija y sus dos nietos, que huyeron de casa tras ser víctimas de violencia de género.
Una situación que ha llevado a M.D.G. a volver a dejar de pagar tanto el alquiler del inmueble como la deuda con el Ayuntamiento de Pinto, que ya supera los 21.000 euros. Aunque alega que no cuenta con ingresos para realizar los pagos, asegura que los trabajadores de Servicios Sociales le instan a que utilice las ayudas que recibe su hijo enfermo o el sueldo de su hija. “Ese es su dinero, tienen que tener algo para cuando yo no esté”, argumenta.
Fuentes municipales explican que “se ha iniciado un proceso de renovación de alquileres sociales” y que “en algunos de los casos se ha detectado un impago sistemático de las mensualidades pactadas que obliga a reconducir algunas situaciones en aras también de respetar a aquellas familias que sí hacen frente a las mensualidades pactadas”. Desde el Ayuntamiento de Pinto matizan que hasta el momento “no se ha realizado ningún desahucio”, aunque sí se han cursado “los pertinentes avisos”.
En cualquier caso, el Gobierno afirma que “está valorando la situación para buscar alternativas acordes con la situación de los colectivos y familias en riesgo”. La familia, sin embargo, niega que Servicios Sociales le haya propuesto una solución: “Somos dos personas con minusvalía, no podemos dormir en la calle”. M.D.G. también se queja de que el Ayuntamiento de Pinto no haya ofrecido a su hija, víctima de violencia machista y madre de dos menores, una alternativa habitacional, aunque sí ha recibido en este tiempo ayudas económicas puntuales.
La pinteña dice sentirse “engañada y vapuleada” por los técnicos municipales. “En la última reunión me dijeron que estaba difícil que me pudiesen prorrogar el alquiler, pero que habría alguna posibilidad si reconocía mi deuda. Lo hice y, aun así, al día siguiente recibí la carta de desahucio”, relata. También denuncia que una trabajadora llegó a proferir insultos contra ellas de “aprovechadas” y “sinvergüenzas” y que desde hace dos semanas la familia no cuenta con agua caliente ni calefacción en la vivienda. “Un técnico informó al Ayuntamiento de que se había roto la caldera, pero nadie ha venido por aquí a arreglarla”.
Por todo ello, M.D.G. ya ha contactado con un abogado de oficio para denunciar a tres trabajadores municipales por negarle la prórroga del uso del inmueble. “Sé que me voy a enfrentar a un gigante, pero no tengo nada que perder”, esgrime.
Alealeale | Domingo, 12 de Noviembre de 2023 a las 00:01:41 horas
Pues si, que quieren, vivir de gratis solo porque tienen problemas? Pues todos los tenemos, eso no nos da el derecho de pedir que nos den un piso sin pagar un peso. Lo que deben hacer es salir a trabajar y ocuparse de sus gastos y dejar de guindarse del gobierno. No es el problema de nadie si no tienen para sus hijos, para que los tuvieron? Si los decidieron tener pues que los mantengan con sus trabajos. La Okupacion debería ser un delito pagado con cárcel, ya basta!
Accede para votar (0) (0) Accede para responder