San Martín de la Vega y Ciempozuelos restan importancia al vertido radiactivo: “Esto no es Chernóbil”

Hace más de 50 años, varios litros de líquido radiactivo fueron vertidos al río Manzanares desde el Centro de Energía Nuclear Juan Vigón, situado en la Ciudad Universitaria de Madrid. Contenían Estroncio-90, Cesio-137, Rutenio-106 y partículas de Plutonio, que acabaron en las aguas del río Jarama, con las que se riegan varios kilómetros cuadrados de huertas y campos de cultivo situados en los municipios a su paso, como San Martín de la Vega y Ciempozuelos.

En vez de actuar en la zona, y de atender al informe publicado por la Comisión Asesora de Seguridad del centro —el 14 de enero de 1971, dos meses después de lo sucedido— en el que se instaba a “impedir el consumo de los vegetales que creciesen en las parcelas contaminadas”, la dictadura franquista optó por esconder el accidente y sus residuos.

En los informes confidenciales del vertido, publicados por el diario El País en 1994, se puede leer que el vertido sucedió el sábado 7 de noviembre de 1970 y que los técnicos del Centro Nacional de Energía Nuclear “se marcharon de fin de semana y no reanudaron las actividades relacionadas con el accidente hasta el lunes”. Los consejos de retirar las hortalizas y prohibir el riego, según este diario, “se cumplieron solo en contadísimos casos”.

A la falta de medidas se sumó posteriormente el hecho de que los técnicos de la antigua Junta de Energía Nuclear (JEN) excavaron ocho “banquetas” en los márgenes del río Jarama para enterrar parte de los lodos contaminados que hallaron en las actividades de limpieza del canal. Estas zanjas permanecieron en la clandestinidad hasta que El País las sacó a la luz en septiembre de 2018, en un reportaje en el que informaban de que la última evaluación radiológica sobre ellas se llevó a cabo en mayo de 1995.

Al conocer la noticia, los ayuntamientos de San Martín de la Vega y Ciempozuelos solicitaron una reunión con los responsables del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) —herederos de la JEN—. “Nos tranquilizaron”, explica a ZIGZAG Rafael Martínez, alcalde de San Martín. “Nos comentaron que fue un escape mínimo, ocasionado por un error humano, que no tenía peligro para la ciudadanía”.

Tras los encuentros, todo permaneció en calma hasta la publicación del Plan Anual Normativo del Gobierno central para el año 2022, en el que se refleja la voluntad del Gobierno de modificar la Ley 25/1964 sobre energía nuclear. Con ello se pretende dar base legal a un futuro real decreto que regulará los terrenos contaminados radiológicamente, entre los que se encuentran las ocho “banquetas” en los márgenes del Jarama.

Se desconoce dónde están exactamente los terrenos contaminados

Cuando los infromes salieron a la luz hace más de tres años, asociaciones como Jarama Vivo solicitaron que se delimitaran los terrenos afectados y se determinasen las sustancias radioactivas presentes en ellos. "La Administración ha tenido una actitud opaca y de oscurantismo que quizá era entendible en tiempos de dictadura, pero que no se entiende en democracia", critica Raúl Urquiaga, su portavoz, desde una zona en la pedanía de Gozquez de Abajo (San Martín de la Vega), en la que estos ecologistas han demostrado que se encuentra una de las ocho zanjas. 

Con unos informes que parecían "dibujos pintados por un niño en una servilleta de bar", Urquiaga y sus compañeros pudieron delimitar dónde se encontraba este terreno y otro cerca de la Presa del Rey. Pero, a día de hoy, aún no se ha podido concretar dónde se encuentran las ocho "banquetas".

“Hemos pedido otra reunión para saber dónde se encuentran exactamente los suelos radioactivos”, afirma el alcalde de San Martín de la Vega. “Queremos ser muy cautos y contar con los datos necesarios, porque si no la gente enseguida empieza a decir que esto es Chernóbil”.

En 2018, tanto su Ayuntamiento como el de Ciempozuelos, solicitaron que se elaborase un inventario de los terrenos contaminados por radiactividad en el río Jarama. Hoy, tras tres años y medio, estos suelos siguen sin señalizarse ni acotarse porque la ley vigente, una norma franquista que ahora se pretende modificar, no lo contempla.

“Siempre he oído que hay varias zonas donde excavaron y depositaron los vertidos, pero nunca nos han dicho exactamente dónde estaban”, apunta Juan José Benito, guarda mayor de la Comunidad de Regantes de la Real Acequia del Jarama. Para él, como para muchos otros jornaleros de la zona, los supuestos campos radioactivos no son más que una “vieja historia” que afecta menos a los agricultores que los problemas actuales que tiene el río.

No hay agua para regar

La Real Acequia del Jarama se extiende a lo largo de más de 70 kilómetros de terreno. Esta toma el agua de la presa del Rey, en Rivas Vaciamadrid, y desemboca en el río Tajo, en la localidad de Mocejón (Toledo). San Martín de la Vega y Ciempozuelos son dos de los pueblos que atraviesa y en cuyos términos municipales se encuentran parte de las 12.500 hectáreas de tierras de regadío que dependen de sus aguas.

La Confederación Hidrográfica del Tajo es la entidad que se encarga de determinar el agua que corresponde anualmente a los agricultores, mientras que la comunidad de regantes es la que se ocupa de distribuirla y de controlar su uso. “Lo que no puede ser es que establezcan un límite de 14 metros cúbicos de agua por segundo y que luego no lleguen con las pérdidas que hay por la falta de reparaciones en las infraestructuras”, explica Juan José, mientras muestra a ZIGZAG las grietas y la situación en la que se encuentra la acequia a su paso por el desaguador de Bayona, en el municipio de Ciempozuelos.

La situación de este año es especialmente preocupante ante la falta de lluvia

“Si el tiempo nos diese una tregua no estaríamos haciendo estas reclamaciones, pero necesitamos más agua y no podemos esperar hasta abril como nos piden”, añade David Revuelta, que lleva trabajando la tierra de Ciempozuelos desde que era un adolescente. Actualmente, a sus 38 años de edad y tras varios años de reivindicaciones —en 2020 se manifestó ante el Ministerio de Agricultura en defensa del campo madrileño—, se dedica al cultivo intensivo de maíz.

“Los costes que tenemos se han encarecido mucho y el producto se sigue pagando igual que hace veinte años”, comentaba hace dos años al periódico El País durante la concentración celebrada en Madrid. Esta situación le ha llevado, al igual que a la gran mayoría de los agricultores ciempozueleños, a dedicarse exclusivamente a este cereal que requiere poca mano de obra y tiene un crecimiento rápido.

¿Dónde está, entonces, el principal problema? En que las plantaciones de maíz tienen altas necesidades de agua desde su siembra hasta su recogida. “No llueve y encima hay una gran cantidad de agua destinada al riego que se pierde por el estado en el que se encuentra la acequia”, explica David. “Hay muchas fugas porque está todo como si fuera una escombrera”, puntualiza el agricultor, mientras su compañero, Juan José, limpia las ramas secas que se han quedado enganchadas en un punto del canal.

La Alianza del Jarama, la apuesta gubernamental

Pese a que los ayuntamientos de San Martín de la Vega y Ciempozuelos no tienen competencias en los temas relativos al río y a la Real Acequia, sí quieren dejar claro que se encuentran comprometidos con su cuidado en su término municipal. Ambos consistorios forman parte de la plataforma “Alianza por el Jarama”, creada en junio de 2021, para establecer un marco de trabajo conjunto entre las localidades por las que discurre el río.

“En Ciempozuelos hay vertidos, hay vegetación que no está cuidada… Esto al final afecta a la riqueza de nuestro entorno y medioambiente”, comenta su alcaldesa, Raquel Jimeno. “Luchamos en la medida en la que podemos por que el río no se convierta en un vertedero”.

Lo mismo defiende el alcalde de San Martín de la Vega, que señala que, más allá de la señalización de los territorios contaminados radiológicamente, el río se enfrenta en su municipio a problemas como la presencia de mosca negra, mosquitos y larvas; la falta de limpieza y mantenimiento en los márgenes del río; y “la sequía si no empieza a llover ya”.

Para los agricultores, a todas estas dificultades se une el “inexistente” relevo generacional en su profesión. “Si la agricultura estuviera modernizada y los gobiernos hiciesen todo lo posible para que a la juventud le llamase la atención, los padres no solo querrían que sus hijos fuesen abogados o médicos, sino que también lucharían porque fuesen ingenieros agrónomos y continuasen con la explotación de sus abuelos”, comenta Juan José, mientras señala a David como a uno de los únicos jóvenes involucrados en esta actividad que llena las despensas de los vecinos con los productos de la vega del Jarama.