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La exalcaldesa de Ciempozuelos será juzgada por delitos de prevaricación y fraude

Agustín Alfaya Miércoles, 06 de Octubre de 2021 Tiempo de lectura:
La ex alcaldesa del Partido Popular, Mª Ángeles Herrera, reparte  paella durante unos festejos populares.La ex alcaldesa del Partido Popular, Mª Ángeles Herrera, reparte paella durante unos festejos populares.

El fiscal hace un relato estremecedor del modus operandi concertado entre la alcaldesa de Ciempozuelos, Mª Ángeles Herrera y el empresario Huerta para saquear fondos públicos con fines de provecho personal y para financiar campañas de propaganda del Partido Popular.

La que fuera alcaldesa de Ciempozuelos de 2007 a 2015, Mª Ángeles Herrera (PP), será juzgada próximamente como presunta autora del saqueo a las arcas municipales de Ciempozuelos. Herrera ha sido imputada por contratación fraudulenta, siendo alcaldesa del municipio, con la empresa Waiter Music, dentro de la macrocausa ‘Púnica’ que implica a varios alcaldes y altos cargos del  PP.

 

Imputados y exculpados

 

La exalcaldesa fue imputada y llamada a declarar en calidad de investigada por la Audiencia Nacional el 10 de septiembre de 2020. El fiscal Alejandro Cabaleiro ha mantenido en su escrito de conclusiones del 21 de julio pasado la acusación de desvío de fondos del Ayuntamiento de Ciempozuelos para beneficio de intereses particulares y actos electorales del Partido Popular.

 

También están imputados los que fueron ediles de Ciempozuelos con Herrera, Rafael Marín y José Carlos Boza, todos ellos del PP. 

 

Este último, Boza, cuñado de Mª Ángeles Herrera, era amigo de Francisco Granados, el organizador junto con José Luis Huerta, dueño de la mercantil Waiter Music y conocido como ‘el solucionador’, de la trama de corrupción y saqueo de las arcas públicas. La amistad de Boza con el entonces todopoderoso Granados (alcalde de Valdemoro, 1999-2003, consejero de los gobiernos de Esperanza Aguirre de 2003 a 2011 y secretario general del PP regional de 2004 a 2011) hizo que el cuñado de Herrera ascendiese de una concejalía en Ciempozuelos a ser alcalde de Valdemoro desde 2011 hasta su detención e ingreso en prisión en 2014 a consecuencia de la ‘Operación Púnica’.

 

Tras su declaración ante el juez, han quedado exculpados otros dos concejales ciempozueleños del PP de la época de Herrera, Azucena Díaz y Miguel Ángel Valdepeñas, porque “si bien han tenido participación más o menos directa en los hechos, lo cierto es que no ha quedado acreditado que fuesen conocedores del plan aludido”, señala el fiscal en su escrito resolutivo de la investigación.

 

La trama en Ciempozuelos 

 

El fiscal hace un relato estremecedor del modus operandi concertado entre los alcaldes (en el caso de Ciempozuelos, Herrera) y el empresario (Huerta) para saquear fondos públicos con fines de provecho personal y para financiar campañas de propaganda del Partido Popular.

 

“Se siguió una compleja red de expedientes y procedimientos administrativos cuyo único objetivo era el de dar sensación de formalidad, al tiempo que existía toda una negociación extra oficial que sólo era conocida en sus últimos aspectos por los políticos implicados y el empresario”, señala el escrito de fiscalía, que eleva a 1.247.644 € la facturación de la empresa de Huerta al Ayuntamiento de Ciempozuelos desde 2007 hasta 2012, años todos con Mª Ángeles Herrera dirigiendo el ayuntamiento.

 

Según el relato del fiscal, José Luís Huerta informaba a los ediles imputados de que él llevaría a cabo cualquier encargo privado o de interés del partido y luego recuperaría el dinero invertido presentando al Ayuntamiento “facturas sobrevaloradas o por servicios no prestados. Tal proceder beneficiaba los intereses políticos y personales de la alcaldesa y concejales afines, pues les permitía gran flexibilidad en la celebración de festejos según sus deseos y cargar al presupuesto municipal gastos privados y del partido a nivel municipal”.

 

Contratación de festejos

 

Entre la serie de “servicios” ejecutados por las empresas de Huerta en esos años, la fiscalía cita las fiestas patronales con presupuestos de cientos de miles de euros y frecuentes sobrecostes. Estos festejos se adjudicaban “con apariencia de legalidad” siempre al comisionista Huerta, pues “la alcaldesa Mª Ángeles Herrera cursaba invitaciones” a la empresa de Huerta y a otras dos instrumentales “que él designaba, concediéndose siempre a Huerta pues las otras dos ni siquiera se presentaban”. Antes de publicar el procedimiento negociado sin publicidad, “la alcaldesa ya había acordado con Huerta los artistas que iban a actuar en las fiestas, de forma que el mismo había firmado contratos de exclusividad con los representantes de estos”. 
Actos de partido y fiestas privadas

 

Entre otros “servicios”, la fiscalía relata la sucesión de caterings, fiestas y copas (7.100 € en un caso, 11.832 en otro, 4.156 € en otro…) que realizaba al PP  con motivo de mitines electorales, copas de navidad, visitas al municipio de Esperanza Aguirre o de Mariano Rajoy, etc. “pagados luego mediante facturas infladas o con sobrecostes por el Ayuntamiento de Ciempozuelos”. 

 

El fiscal también relata que “en la contabilidad de Huerta figura un importe presupuestado de 25.000 € bajo el concepto ‘Fiesta Particular Ayte. Alcalde’, figurando como cliente el propio Ayuntamiento”. Por ahora no ha trascendido quién fue el particular que se benefició de esta misteriosa ‘fiesta privada’ que pagaron todos los vecinos de Ciempozuelos.

 

Prioridad en los pagos 

 

El ministerio fiscal destaca también la inusitada prontitud con que el Ayuntamiento pagaba de ordinario las facturas emitidas por el Sr. Huerta. Y lo que es más grave, lo hacía “en contra de la observación del Tesorero municipal. El funcionario advirtió en numerosas ocasiones que con estos pagos se estaba infringiendo el artículo 187 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, al existir pendientes de pago expedientes con proveedores con obligaciones reconocidas de ejercicios anteriores”. 

 

Aun así y sabiendo además que en esos años de crisis económica el Ayuntamiento demoraba enormemente el pago de las facturas a otros proveedores, los pagos al Sr. Huertas se ejecutaban en muy poco tiempo por decisión de alcaldía. 

 

Presuntos delitos 

 

La fiscalía considera que “los hechos descritos serían constitutivos de sendos delitos de prevaricación continuada y de fraude en la contratación, en la medida que existió acuerdo previo para defraudar las arcas municipales en beneficio político o privado de sus gestores”.

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