La Audiencia Nacional imputa a la exalcaldesa de Ciempozuelos Mª Ángeles Herrera y a otros cuatro concejales del PP

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dictado un auto por el que llama a declarar como investigados a 17 alcaldes y concejales de distintos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Entre estos imputados están la ex alcaldesa del Partido Popular de Ciempozuelos (2007-2015), María Ángeles Herrera, y otros cuatro concejales de los gobiernos presididos por ella.

Uno de estos imputados, Rafael Marín, sigue siendo hoy concejal del PP en el Ayuntamiento. Los otros son Azucena Díaz, Miguel Ángel Valdepeñas y José Carlos Boza. Este último, cuñado de Herrera, fue alcalde de Valdemoro desde junio de 2011 hasta octubre de 2014, cuando dimitió tras ser detenido y encarcelado en el transcurso de la Operación Púnica.

El auto de la Audiencia Nacional, por el que los señalados pasan a ostentar la categoría de investigados, tiene fecha del 10 de septiembre y se enmarca en la pieza número 7 del caso Púnica, una macrocausa judicial contra la corrupción que arrancó en octubre de 2014 en la que están siendo investigados políticos de distintas siglas —aunque predominan los representantes del Partido Popular en la Comunidad de Madrid— y varios empresarios.

La pieza nº 7 de este caso, en el que están implicados los políticos populares de Ciempozuelos, investiga los presuntos contratos fraudulentos de la empresa Waiter Music dedicada a la organización de eventos con varios municipios madrileños, entre ellos Ciempozuelos.

Informe de la UCO

La exalcaldesa Herrera ya fue llamada a declarar por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado 18 de abril de 2018 por su presunta implicación en el desvío de 19.945 euros para actividades del PP local.

Estas actividades de partido (una copa de navidad con la presencia de Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, una paella popular, etc), que fueron organizadas por Walter Music, las pagó el Ayuntamiento de Ciempozuelos “mediante facturas falsas o infladas que se hicieron pasar como gastos de los festejos populares que financiaba el consistorio”, señala la UCO en su informe (27 de abril de 2018) entregado al juez Manuel García Castellón.  

Comisión de investigación

Por otro lado, la comisión de investigación del Ayuntamiento de Ciempozuelos, en la que participaron todos los partidos políticos del consistorio menos el PP que se negó a ello, recogió en sus conclusiones publicadas el 25 de abril de 2019 “diversas irregularidades graves” en la contratación de las fiestas patronales y otros eventos durante los años 2007 a 2012, siempre con la empresa Walter Music, “mediante procesos negociados con exclusividad, siendo esta empresa la única invitada a los contratos”.

El total facturado por Walter Music al Ayuntamiento de Ciempozuelos en ese periodo asciende a 1.149.750,65 euros. La Comisión de Investigación concluye que “no cabe duda de que los hechos analizados referidos al Equipo de Gobierno del PP de Mª Ángeles Herrera en esos años no garantizaron que el dinero de los vecinos fuera gastado de forma eficiente y razonable, preservando los intereses de las arcas municipales y de Ciempozuelos”.

Reacciones

Ante las imputaciones de miembros del PP de Ciempozuelos, la actual alcaldesa Raquel Jimeno (PSOE) recordó que en la comisión de investigación sobre estos hechos ya “vimos irregularidades tan graves como hacer contratos sin ningún proceso público, pagar por adelantado fiestas o pagar facturas por servicios con un coste muy alto con respecto a la media del mercado”. Jimeno ha pedido al PP que asuma sus “responsabilidades políticas” y ha criticado al portavoz y presidente del PP local, Héctor Añover, por no actuar “de forma contundente” ante la imputación de Rafael Marín, concejal popular en esta legislatura.

Chus Alonso, portavoz de Ahora Ciempozuelos y ex alcaldesa del municipio en la anterior legislatura, ha señalado que los cinco imputados del PP han sido “protagonistas de algunas de las más oscuras etapas de gobierno municipal en nuestra localidad”. Durante esos años, “ya denunciamos públicamente lo escandaloso de su manera de proceder en la contratación y el gasto de dinero público, su falta de transparencia y el modo en que siempre tenían a sus amigos cerca”. Alonso también ha criticado al portavoz del PP, Héctor Añover, por “no hacer nada para restituir la más mínima decencia democrática”.

Pedro Torrejón, portavoz de CPCI, ha señalado que “respetamos la presunción de inocencia y acataremos, como siempre, las decisiones que establezca la Justicia en su investigación de este y otros procesos”.

La portavoz de Ciudadanos, Marta Peral, ha manifestado que su partido “respeta la presunción de inocencia hasta que no exista sentencia en firme”, al tiempo que “exige la dimisión de los cargos públicos investigados hasta que se esclarezca lo sucedido, puesto que apostamos por la tolerancia cero con los cargos públicos inmersos en procesos judiciales por casos de corrupción”. Peral afirma que “la gestión de este tema por parte del portavoz del PP de Ciempozuelos, Héctor Añover, y la actitud de todo el PP en la localidad es de total oscurantismo y falta de transparencia por la ausencia de medidas contundentes adoptadas desde el primer minuto tanto en el grupo municipal como internamente en el PP de Ciempozuelos. Los vecinos de Ciempozuelos merecen explicaciones y claridad, no el silencio cómplice y cobarde de Héctor Añover”.

Preguntado el portavoz del PP Héctor Añover cuál es la postura del partido ante estas imputaciones judiciales, anunció que “queremos subrayar la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental que nos asiste a todos. El Partido Popular de Madrid aplicará sus estatutos y su código ético, tomando una decisión al respeto”.

Instado a que fuese más concreto, declaró que entre las medidas a tomar están “valorando la dimisión de Rafael Marín. Ahora bien, como es sabido el acta de concejal corresponde a la persona, no al partido, por tanto, la decisión de dimitir en primer lugar corresponde al propio concejal y, en segundo lugar, a la ejecutiva regional. El PP de Ciempozuelos no tiene competencias en este sentido”.

En el caso de que Marín dimitiese, su acta de concejal pasaría a la siguiente de la lista, Azucena Díaz, también investigada, por lo que “el partido aplicaría los mismos criterios que en el caso de Marín", señaló Añover.