
Las 49 asociaciones que conforman la Plataforma por su cierre creen que el acopio de tierras para su cuarta fase esconde la creación de una nueva macroplanta de residuos.
La Plataforma por el cierre del vertedero de Pinto ha detectado varias irregularidades en el inicio de las obras de construcción de la cuarta fase del vertedero, que se alargarán por lo menos hasta abril de 2023.
En sus declaraciones a ZIGZAG en junio, Miguel Ángel García, portavoz de Ecologistas en Acción, explicaba que este proyecto debería haberse iniciado en 2020. Para el depósito de tierra que, según la Plataforma, se está realizando en la finca Polígono 7, parcela 5, del municipio de Pinto -camino público de Pinto a la Marañosa-; “estaba pensada una zona en el término municipal de San Martín de la Vega”.
La resolución no contempla el acopio temporal de tierras en ninguna finca de Pinto, algo que las 49 asociaciones que conforman la Plataforma vienen denunciando desde hace más de un mes, cuando detectaron la intención de crear una nueva macroplanta encubierta en el municipio. No han recibido respuesta alguna ni del Ayuntamiento ni de la Mancomunidad Sur -encargada de la gestión de residuos en la zona desde 2013-, por lo que se han optado por presentar una denuncia ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España.
Desde la Plataforma han querido informar de que, más allá de los trabajos de acopio de tierra, en sus visitas al lugar han constatado que se han emprendido obras en la finca y sus accesos “que deberían contar con licencia urbanística por parte del Ayuntamiento de Pinto y que, en cambio, no la tienen, de acuerdo a lo indicado por el consistorio en la Comisión de Gestión municipal del mes de julio”.
En su nota de prensa informando de esta situación, han anunciado que se llevarán a cabo actos y movilizaciones para frenar el que consideran “un nuevo atentado de la Mancomunidad Sur, en su afán de condenar a Pinto a continuar siendo el mayor vertedero del país”. Aunque el cierre del complejo no es competencia del Ayuntamiento, Diego Ortiz se atrevió el año pasado a fijarlo en el año 2025, algo que estas asociaciones ven inviable que se llegue a cumplir.
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