
“Parece ser que nadie se había enterado hasta ahora de que no tenemos competencias en Comercio”, explica el concejal del área. ‘Total, ¿para qué?’, se preguntarán algunos establecimientos al leer las palabras del edil.
Cuenta el concejal de Comercio de Pinto, Alejandro Robles, que los técnicos municipales han hecho un gran descubrimiento durante la pandemia. Lástima que no tuvieran una revelación similar entre 1997 y 2008, tiempo durante el que este ayuntamiento pagó indebidamente el IVA en las facturas de Aserpinto. Un ‘desliz’ que costó nada menos que 1,3 millones de euros a las arcas municipales.
“Parece ser que nadie se había enterado hasta ahora de que no tenemos competencias en Comercio”, explica Robles. ‘Total, ¿para qué?’, se preguntarán algunos establecimientos al leer las palabras del edil. Una cuestión que los técnicos harían bien en compartir con el resto de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que, a diferencia de Pinto, sí han concedido ayudas directas al sector.
No es la primera vez que algunos de los altos cargos del Ayuntamiento de Pinto bloquean medidas justas y necesarias. El mejor ejemplo es el del ascensor que pretendían instalar los vecinos de Parque Éboli, paralizado durante dos años por los reparos de los técnicos. Fue también la demostración de que la clase política, con la voluntad necesaria, puede sobreponerse a estos obstáculos.
Ese mismo PSOE que buscó la manera de que los técnicos aceptasen la instalación del ascensor en esta ocasión dice no tener más remedio que aceptar su criterio. Es habitual que los partidos en oposición clamen contra la postura de algunos trabajadores municipales -véase las declaraciones del actual alcalde sobre el gimnasio o la municipalización de servicios a través de Aserpinto-, pero al llegar al poder deciden plegarse para evitar un posible bloqueo.
En este caso, sin embargo, parece claro que el criterio de los técnicos ha sido la excusa perfecta del Gobierno. Nunca ha habido intención alguna de ofrecer este tipo de ayudas al comercio, de lo contrario se hubieran buscado alternativas como bonificaciones fiscales en el IBI o el IAE. Pero ya en mayo el concejal de Hacienda, Federico Sánchez, tenía claro que no se llevarían a cabo porque, en su opinión, sería “un poco irresponsable”.
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