La justicia ha dado la razón a PRISAN-UTE, empresa encargada del proyecto desde 2014, que denunció al Ayuntamiento por “incumplimiento de contrato”. El Consistorio deberá iniciar los trámites de las obras en un plazo de dos meses.
Las obras del futuro crematorio de Valdemoro podrían comenzar antes de finalizar el año. La justicia ha dado finalmente la razón a la empresa encargada de la obra, PRISAN-UTE -gestora del tanatorio y cementerio municipal de Valdemoro-, que después de tres años desde la adjudicación del proyecto, denunció al Ayuntamiento de Valdemoro por “incumplimiento de contrato”. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentenció el pasado 27 de julio que el Consistorio dispone de un plazo de 2 meses para iniciar los trámites para la aprobación del proyecto.
El nuevo horno crematorio se construirá en las instalaciones del cementerio el tanatorio municipal, ubicado en la cuesta del Valderrama y permitirá la incineración de cadáveres.
Historia
En 2014 el Ayuntamiento de Valdemoro -gestionado entonces por el Partido Popular- anunció la construcción de un crematorio de 800 metros cuadrados junto al cementerio municipal a cargo de la empresa PRISAN-UTE, que gestionaba el servicio del tanatorio desde hacía pocos meses, por un costo de medio millón de euros. El proyecto también incluía la ampliación de 78 nuevas plazas de enterramiento.
El anuncio de la construcción del crematorio provocó varias manifestaciones entre los vecinos para paralizar su construcción por “motivos de salud”. El crematorio se construirá en una zona próxima a viviendas, guarderías, un instituto y centros deportivos. La oposición, liderada por el PSOE, también criticó el proyecto. De hecho sería el PSOE quien durante su mandato en 2018, tras la moción de censura al gobierno de Ciudadanos, llegó a imponer sanciones a la empresa por un montante de cerca de 90.000 euros.
PRISAN-UTE, por su parte, denuncia que desde 2014 el Ayuntamiento de Valdemoro no ha hecho más que “obstaculizar” la obtención de las licencias necesarias para poner en marcha las obras, provocando “un claro perjuicio a la concesionaria con un claro incumplimiento del contrato”. Finalmente la empresa interpuso un recurso contencioso administrativo en 2017 contra el Ayuntamiento solicitando el “cumplimiento del contrato, las licencias de obra y la actividad”. En 2018 la justicia ya instó al Ayuntamiento de Valdemoro a resolver el expediente, pero la sentencia fue recurrida por el PSOE. El 2020 el tribunal desestimó los recursos del Ayuntamiento y ratificó el pasado mes de julio la denuncia de PRISAN-UTE.
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