Operación Púnica y caso Gürtel en Pinto

El lunes 8 de junio leía en la prensa que “el empresario David Marjaliza, principal arrepentido de la denominada trama Púnica, ha entregado a la Audiencia Nacional una parte de la documentación original de la caja B de sus empresas en las que dejó anotados numerosos pagos en negro a diferentes partidos”.

Aparecía, cómo no, el nombre del Ayuntamiento de Pinto y, como no podía ser de otra forma, el nombre de su entonces alcalde D. Antonio Fernández González.

Estos hechos pueden sorprender a alguien, a mí lo único que me sorprendía desde 2004 es la impunidad en la que se habían movido los imputados por el Caso Gurtel y la Operación Púnica habiendo presentado, la Asociación del Comercio y la Hostelería de Pinto (A.C.H.P.) una denuncia, el 5 de enero de 2004, ante la Fiscalía Anticorrupción en la que se detallaban todas las irregularidades que había podido probar en dos años de trabajo y en la que se incluían en nuestro municipio los dos casos, casos que salieron a la luz en 2011 y en 2014, sucesivamente.

Me sorprendió que un Secretario Municipal, D. Eulalio Ávila Cano, autorizase, cometiendo una presunta prevaricación, la segregación de las parcelas del Centro Comercial sabiendo que las tres empresas que hacían la petición habían vulnerado el pliego de condiciones.

Me sorprendió que el Ayuntamiento de Pinto regalase a Técnicas de Construcción y Promoción Valparaíso más de 8.000 metros cuadrados de caminos y terrenos de propiedad municipal en Residencial Valparaíso, terreno que acabó en manos de E.P.G. S.A. a cambio de nada.

Me sorprendió que la entonces arquitecta municipal, y luego concejala de Urbanismo, Dña. Carmen Fernández de Castro, redactase un Convenio y un Anexo para la modificación del uso del suelo en el que construyó Residencial Valparaíso y en menos de mes y medio pasó de haber 50 viviendas de VPP a desaparecer tras la compra por T.P.C. de los terrenos. La explicación que dio en el Juzgado nº 2 de Parla, en la declaración que hizo como imputada, fue que la oferta de VPP en Pinto era suficiente tras el desarrollo de Parque Europa. En un mes habían pasado de ser necesarias esas 50 viviendas a no serlo y lo único que había cambiado era la propiedad del suelo. Fue sorprendente también que transcurriesen cuatro años entre que la citada arquitecta fuese imputada y su declaración. El Juzgado fue incapaz de localizarla y lo tuve que hacer yo sin más medios que un teléfono y comunicárselo al citado órgano judicial.

Me sorprendió que un aparejador, D. Francisco Blanco Villazón, hiciese préstamos, sin interés, a las empresas implicadas en la Púnica que luego le sirvieron para participar en el accionariado de la que se quedó con la parcela hotelera en el Centro Comercial Plaza Éboli, E.P.G. Más sorprendente fue que cuando se le pidió que acreditase el desplazamiento patrimonial, de qué cuenta había salido el dinero y a cuál había ido a parar nunca lo justificó con lo que la presunción de que esos presuntos créditos eran en realidad el cobro de comisiones ilegales nunca se desvirtuó.

 Me sorprendió el fracaso del Poder Judicial y de la falta de separación efectiva de poderes que permitió que a pesar de la existencia de una denuncia que probaba la actividad delictiva de un grupo de empresas se les permitió seguir actuando con total impunidad durante diez años y sin consecuencias para que, ahora, se hable del arrepentido David Marjaliza, un arrepentido que a cambio de su colaboración con la Justicia obtendrá beneficios judiciales, por lo que de arrepentido nada.

Me sorprendió que el 15 de abril de 2015 el más tarde alcalde, D. Rafael Sánchez Romero, propusiese la ampliación de la Comisión de Investigación abierta en el Ayuntamiento de Pinto a los casos Residencial Valparaíso y Centro Comercial y cinco años después, por desidia o como motivo de un pacto, nunca se llegase a convocar.

Justo Fernández fue candidato a alcalde de Pinto en 2019 por Somos Pinto. Anteriormente, presidió la Asociación de Comercio y Hostelería de Pinto.