Denunciada de nuevo una vecina de Pinto por alimentar gatos callejeros

El pasado domingo, 12 de abril, la Policía Local de Pinto denunció a una vecina por alimentar gatos en la calle, lo que puede acarrear una multa de 750 euros. María del Carmen Córdoba, presidenta de la protectora ABAP, fue sancionada junto a una compañera por este mismo motivo hace cinco meses, aunque de momento las multas están recurridas y pendientes de resolución. 

La alimentación de colonias felinas es una de las excepciones permitidas por el Gobierno central dentro de las restricciones impuestas durante el estado de alarma por el coronavirus. La Dirección General de los Derechos de los Animales, de hecho, ha instado a los ayuntamientos a “establecer mecanismos de coordinación con las entidades locales de protección animal”. La norma pide acreditar a aquellas “que tengan acuerdos con los ayuntamientos” para garantizar el cuidado de los gatos ferales, si bien ABAP considera que en Pinto debe hacerse con todas por silencio administrativo. 

Desde hace dos años Pinto no cuenta con un contrato para la prestación del servicio de alimentación de colonias felinas, y hasta ahora no tenía firmado convenio alguno con ninguna entidad. A pesar de ello el Gobierno ha sancionado a las personas que de forma unilateral han llevado a cabo esta práctica, y ahora ha recordado que “cualquier desplazamiento para alimentar colonias de gatos durante el estado de alarma, salvo quien esté específicamente autorizado, supone un incumplimiento que se penaliza por el Ministerio del Interior con un montante mínimo de 600 euros”. 

Convenio extraordinario por el coronavirus

El Ejecutivo pinteño, que sigue defendiendo que las colonias “en ningún caso han estado desatendidas”, ha querido garantizar su cuidado durante la crisis del COVID-19. Para ello ofreció la firma de un convenio extraordinario a las dos protectoras locales, ABAP y Perrigatos en Apuros, por el que el Ayuntamiento aportará el pienso y la infraestructura necesaria para la alimentación de los animales mientras duren las restricciones. Las entidades, por su parte, aportarán el personal. 

Perrigatos en Apuros ha sido la protectora finalmente elegida porque, según el Gobierno, fue la única “que ha presentado un plan estratégico, en plazo y forma”. Precisamente, hace dos meses, Perrigatos anunció públicamente su renuncia a volver a trabajar con el Ayuntamiento de Pinto ante “la mediocridad de las instituciones y la incomprensión por una parte de la ciudadanía pinteña”. Ahora, dice haber vuelto de manera extraordinaria porque “si nosotros no lo hacemos, nadie lo hará”. 

ABAP, que mantiene un enfrentamiento público con Perrigatos en Apuros y con el Gobierno del PSOE, dice ser objeto de una “persecución institucional” y tacha de “montaje” el convenio firmado. La entidad afirma que no pudo presentar su proyecto porque se le ocultó información como la localización de los puntos de alimentación, aunque Perrigatos también apunta que “el plazo para contestar era breve” y que tuvo que “desempolvar” los dosieres de sus trece años de trabajo para encontrar dichos puntos. 

La asociación no tiene reparos en acusar al Ayuntamiento de Pinto de firmar un acuerdo insuficiente “condenando a los gatos de esas colonias a morir de hambre y sed, a riesgo de que salgan a las calles en busca de comida y sean atropellados o caigan enfermos”. Por ello, ABAP asegura estar reuniendo pruebas fotográficas para denunciar al Consistorio por un supuesto delito de maltrato animal, así como por la persecución de la que dice ser objeto su presidenta.