El Ministerio de Sanidad niega que tengan que ser ellos quienes autoricen los EPI 3D

Los creadores de los EPI 3D llevan desde el viernes esperando nuevas noticias que les indiquen si pueden continuar fabricándolos o deben cesar su actividad voluntaria y altruista. Un tira y afloja entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad está provocando que cada día deje de entregarse este material a los sanitarios madrileños, que continúan denunciando carencias en los sistemas de protección frente al coronavirus. 

El martes pasado, hace tan solo una semana, los llamados Coronavirus Makers recibían el visto bueno de la Comunidad de Madrid para distribuir las viseras que habían fabricado con sus impresoras 3D desde sus casas. En la notificación de autorización, la Comunidad les enviaba incluso el modelo que cumplía con las exigencias técnicas para que todo aquel dispuesto a colaborar tuviera el diseño oficial. 

Tres días después, sin embargo, enviaban una nueva notificación anulando dicha autorización, y sin dar más explicación de por qué. A lo largo de la tarde de ayer, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguraba que era el Ministerio de Sanidad el que tenía que autorizar el uso de estos equipos y que "el prototipo no había recibido el visto bueno de la Agencia Española del Medicamento y de Productos Sanitarios (AEMPS)". 

Sin solicitudes desde Madrid | Desde el Ministerio de Sanidad, sin embargo, desmienten que tengan que autorizar u homologar este tipo de materiales "porque los equipos de protección individual no son productos sanitarios, por lo que no son competencia de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios". Añaden además, que tampoco el Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo (INSST) tiene registrada ninguna solicitud de la Comunidad de Madrid pidiendo certificación sobre estas mascarillas. 

Mientras tanto, otras Comunidades Autónomas no están teniendo ningún problema con este tipo de mascaras protectoras realizadas por voluntarios, y se están usando ya en buena parte de los hospitales de Cataluña, País Vasco, Galicia o la Comunidad Valenciana.