Predicadores de la nada

Las 390 viviendas públicas en régimen de alquiler que ha anunciado que construirá en Pinto el gobierno de Díaz Ayuso –y las restantes viviendas, hasta completar un total de 15.000 en toda la región, 80 de ellas en Ciempozuelos– es una excelente noticia. Pero una cosa es un anuncio y otra muy distinta su cumplimiento. De hecho la norma de los políticos es el incumplimiento y la excepción, cumplir lo prometido. Sin salir de Pinto, ¿cuántas veces nos han vendido la moto de que se iba a construir un Centro de Especialidades Médicas, el apeadero de La Tenería, un edificio de seguridad, la segunda piscina climatizada…? ¿Cuántas veces han anunciado el “inminente” final de las obras del Centro de Cultura, cerrado desde enero de 2010?

La parcela de La Tenería II en la que la Comunidad anuncia ahora que construirá 390 pisos en Pinto, lleva allí esperando desde las obras de urbanización de La Tenería, hace ya varios lustros. En cuanto a la puesta en marcha de vivienda pública por parte de la Comunidad, no es una necesidad actual, sino una urgencia desatendida desde siempre.

La deficitaria política de vivienda no es una seña de identidad de la Comunidad de Madrid, ni del partido (PP) que gobierna esta Comunidad desde hace 24 años, sino una práctica ejercida por todas las comunidades autónomas y el Estado y por todos los partidos que han gobernado, tanto a izquierda como a derecha los distintos ayuntamientos, comunidades o Estado español.

En sus competencias, el gobierno de la alcaldesa Manuela Carmena aseguró que construiría en la ciudad de Madrid 4.200 nuevas casas para alquiler público a lo largo de su mandato (2015-2019), pero sólo inició la tramitación del 33% de ellas (exactamente 1.426). Si lo comparamos con la capital austriaca, Viena, la diferencia es estratosférica. Allí, la empresa pública Wiener Wohnen es el mayor casero de la ciudad y más del 60% de la población vive en casas públicas o con algún tipo de subvención. La razón de esta sideral diferencia es que los austriacos han dado a la política de vivienda pública, a la que destinan 18,7% de su gasto público, un papel igual de preponderante que a la sanidad (17,6%) o a la educación (17,4%).

Y así, mientras Viena, para una población de 1,8 millones de personas, tiene un parque público de 400.000 viviendas, el parque de Madrid, para una población de 3,1 millones, es de 24.000 viviendas. Además, con una proporción tan grande del parque de vivienda público, Viena logra mantener la estabilidad de precios incluso en el mercado libre porque los precios asequibles del parque público desincentivan repuntes importantes en el resto del sector.

Aparte de la excelencia del ejemplo de Viena, lo cierto es que la vivienda pública en nuestra región apenas llega al 1,8% del total, mientras la media europea es del 7,5%. Por tanto, nuestro retraso en este asunto es tremendo. Solo para alcanzar el nivel medio de la UE tendríamos que multiplicar por cinco las cifras actuales de vivienda pública.

Por eso me parece sensato poner en cuarentena las recurrentes ‘noticias’ triunfalistas de construcción de viviendas públicas, vengan de donde vengan... Si dicen 15.000 viviendas, en el mejor de los casos la realidad será a la baja. Si planifican cuatro años, volverán a repetir lo mismo al agotar el periodo. Ya lo han hecho antes muchas veces y lo volverán a repetir, una vez, y otra, y otra…

Finalmente me dejan estupefacto dos de los requisitos anunciados para optar a estas viviendas. Por un lado, se reservan viviendas para “los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad”, es decir, policías nacionales, autonómicos y locales y guardia civiles. Si las viviendas se construyen con dinero de todos, uno entiende que sean para jóvenes y colectivos –sean policías o no–, de baja renta que no pueden acceder al mercado libre. ¿Pero por qué se reservan para policías, que tienen trabajo 'pá siempre’ y un salario por encima de la media?.

El otro requisito es la “acreditación de unos ingresos anuales por unidad familiar de entre 18.000 y 52.000 euros” para poder acceder al futuro alquiler de estas viviendas. Si tenemos en cuenta que el salario más habitual en España está por debajo de 18.000 € brutos al año (menos de 15.000 euros excluidos impuestos), no se entiende dónde está el carácter social de este requisito. Y lo de los 52.000 € debe ser un anuncio para daneses afincados en España.

Pero aplaudamos la música celestial de la construcción de viviendas públicas en Pinto, Ciempozuelos y en el resto de la región, que estamos en Navidad y ya se sabe que por estas fechas prima el buen rollito y los deseos de paz, felicidad y esas cosas. Es bueno para el corazón -aunque no para la vida- ser ingenuo/a.