El coste de ser gobernados

Los incrementos de sueldos, dietas y gastos de representación de los políticos así como la colocación a dedo de familiares, amiguetes y miembros del partido gobernante han sido una constante de nuestras administraciones públicas. Pero también es verdad que a los ayuntamientos –que durante el franquismo tuvieron escasas competencias y menos medios económicos– la democracia les sentó bien y produjo mejoras generales y profundas. Si tras unos años de democracia resultó certera la frase de que “a España no la va a conocer ni la madre que la parió” (Alfonso Guerra), más incuestionable todavía es esta predicción aplicada a los ayuntamientos. 

La democracia atrajo a la función pública a personas solidarias y honestas pero  también a no pocos trepas, golfos y demagogos de toda laya que han utilizado el poder para lucrarse de forma descarada.
Nadie se opone a que los políticos reciban una justa y digna retribución por su actividad. La polémica surge cuando son los propios políticos quienes deciden el importe de sus sueldos y el número de personas que deben cobrarlos.  

Otra cuestión polémica es la utilización de los llamados cargos de confianza, personas nombradas a dedo por el alcalde de turno para desempeñar determinadas labores. Esta figura ha sido muchas veces utilizada para colocar a amiguetes del partido o a familiares cuya cualificación no se corresponde ni con el puesto desempeñado ni con el sueldo que perciben. El colmo de esta figura se produjo con el ex alcalde Antonio Fernández (PSOE) que aprobó 40 cargos de confianza y una vez abandonado el poder declaró en una entrevista que de “los más de cien cargos de confianza que nombré durante mis gobiernos, apenas dos o tres valían algo”. Difícilmente se podrá encontrar una confesión más cristalina del grado de nepotismo y corrupción con que se utilizó esta prerrogativa de alcaldía. 

Por lo que respecta a la actualidad, publicamos en este número un reportaje sobre sueldos, dietas y cargos políticos aprobados en el Pleno de agosto para esta legislatura y lo comparamos con los 12 municipios del rango de Pinto (entre 50.001 y 100.000 habitantes). De ello se deduce que el alcalde pinteño es el que menos cobra de su rango, que sólo hay dos municipios que pagan menos a los políticos y tres que tienen menos cargos de confianza. También es cierto que la mayoría de los demás municipios tienen una renta bruta y per cápita superior a la de Pinto. 

El juicio de si nuestros políticos locales están bien o mal pagados y si su coste es rentable para los ciudadanos será algo que iremos descubriendo en los próximos meses, sin que deje siempre de ser polémico.