Responsabilidad

En las últimas semanas Gobierno y Oposición se han interpelado mutuamente para actuar con responsabilidad ante la polémica generada en torno al servicio de abono deportivo. “Mañana diez personas se van a la puta calle”, recordó en cinco ocasiones el alcalde Rafael Sánchez para intentar cambiar la postura del resto de partidos. Sin embargo hicieron hecho falta tres Plenos para que la Corporación aprobase el crédito extraordinario necesario para mantener abierto el gimnasio municipal.

Los partidos rápidamente han intentado atribuirse el mérito de alcanzar un acuerdo. Mientras que para Ganemos la medalla la merecen “el trabajo y la predisposición al diálogo de nuestra concejala de Deportes y del alcalde”, para el PSOE la aprobación ha llegado fruto de su “presión y firmeza”. Pero lo cierto es que en este asunto nadie sale realmente bien parado a excepción de Ciudadanos, que ha tenido la actitud más coherente en estas tres semanas.

Porque es del todo absurdo que el Gobierno se atreva a sacar pecho de su capacidad de negociación. ¿Por qué la Oposición debe de respaldar una decisión política -como es el abono deporte- que no ha sido siquiera consultada con ningún grupo? Por no negociar, Ganemos Pinto ni siquiera se reunió con todos los partidos para garantizar la aprobación del crédito extraordinario hasta que fue rechazado por segunda vez.

El problema real parte de la decisión de la Confluencia de no trabajar con presupuestos propios. Ni ha existido negociación alguna para sacar adelante las cuentas de este año ni se ha planteado la opción de llevar a cabo una cuestión de confianza, pero es que este Gobierno además de incapaz se ha destapado como cobarde. Su férrea defensa de los mismos trabajadores a los que dejó en la calle cuando dio por terminada la concesión administrativa a los antiguos gestores del gimnasio municipal sólo responde a su infinita capacidad para deformar la realidad.

En el otro lado se encuentran PP y PSOE, que especialmente en el caso de los socialistas han decidido vengarse con este tema de viejas rencillas arrastradas a lo largo de estos casi tres años. Ambos lanzaron un órdago al Ejecutivo que una semana después quedó en papel mojado aludiendo al perjuicio económico que su decisión causaría al Consistorio, una cuestión que ya conocían por la propia interventora.

Por tanto el conflicto creado con el servicio de abono deportivo, además de la incertidumbre generada en trabajadores y usuarios, no deja sino un poso de pesimismo para lo que resta de mandato. El diálogo y consenso que esperaba la ciudadanía de sus políticos con un gobierno en minoría parece que acabara en cuatro años baldíos para un Ayuntamiento que, sin embargo, se encontraba en una situación económica excepcional respecto a los municipios de su entorno.