La Comunidad de Madrid ha dictaminado que la empresa encargada de las obras incumplió el contrato, por lo que podría ser sancionada por daños y perjudicios.
La Comunidad de Madrid ha dado la razón al Ayuntamiento de Pinto en su litigio con la empresa Proforma, que debía de haber llevado a cabo la remodelación del skatepark del parque Juan Carlos I por un importe de 122.754 euros. El Gobierno decidió incoar un expediente de rescisión del contrato e incautar la garantía de 5.000 euros cinco meses después del inicio de las obras, que se no pasaron de hacer un socavón en el suelo y dejar a sus usuarios sin la infraestructura desde hace casi un año.
El pasado 11 de enero la Comunidad de Madrid dictaminó como procedente el proceder del Consistorio ante la empresa, a la que se le retendrá como medida cautelar la garantía hasta que se determine si debe de abonar cantidad alguna por daños y perjuicios. Se abre de esta forma vía libre para que el Ejecutivo retome el proyecto que, en cualquier caso, había recibido quejas por no contar con la opinión de los usuarios del skatepark.
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