Ganemos Pinto repetirá el proceso para dejar sin subvenciones por plaza residencial a los ancianos de Dolores Soria

El pasado 23 de febrero el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº34 de Madrid anuló la Junta de Gobierno de Pinto en la que se aprobó la extinción de las ayudas sociales por plaza residencial a cinco ancianos de la residencia Dolores Soria. La sentencia, que no fue recurrida, refleja que el Ayuntamiento omitió el trámite de audiencia de los afectados, lo que creó “una situación de indefensión material y efectiva”.

Esta circunstancia, un defecto de forma en el proceso, hizo que la jueza no entrase en el fondo de la cuestión por ser “innecesario”. Es por ello que el concejal de Vivienda Raúl Sánchez considera que las cosas se hicieron correctamente: “Se trata de una sentencia que detecta un error en el procedimiento que habrá que subsanar, es decir: el ayuntamiento deberá repetir el procedimiento, pero el fondo del asunto no queda invalidado, ya que la sentencia no lo cuestiona”.

El edil asegura que la intención del Gobierno “siempre ha sido proteger a unas personas que se encontraban en una situación de indefensión desde el momento en que el gobierno municipal del Partido Popular decidió dejar de pagar su estancia en la residencia, despreocupándose de la situación en que iban a quedar y abusando de la buena fe de los gestores del centro”.

De hecho, Sánchez dice que se ha conseguido “que la situación de estas personas se regularice”. El Ejecutivo insiste en que su “obligación” era cumplir las directrices de los técnicos municipales y que gracias a su gestión “estas personas siguen viviendo en la residencia y en ningún momento se ha puesto en cuestión su permanencia en la misma”.

Reacciones | Lejos de esta consideración, la Oposición se ha congratulado con la decisión judicial y ha cargado las tintas contra Ganemos Pinto para que detenga un proceso que hace “sufrir” a unos ancianos “con una edad muy avanzada y salud delicada”. Y es que de los cinco usuarios afectados inicialmente sólo quedan dos con vida –la última en fallecer lo ha hecho este mismo domingo a la edad de 98 años.

“Esperamos que esto le sirva al equipo de gobierno para buscar una solución real que les permita a estos mayores seguir en la residencia y disfrutar en paz lo que les resta de vida”, han declarado desde el PSOE tras conocer la sentencia. Los socialistas recuerdan que el Ejecutivo se negó a acudir a instancias superiores y que comunicó la decisión –“tomada con nocturnidad y alevosía un 30 de diciembre”- a los ancianos a través de una fría carta y “sin tener ninguna solución alternativa”.

Por su parte Miriam Rabaneda, presidenta del PP de Pinto, ha declarado que “ni podemos, ni debemos permitir que se ponga en riesgo la vida y la salud de personas vulnerables. Nuestros mayores se merecen un respeto”. El partido ha calificado el proceso de “tremenda barbaridad” porque, tal y como refleja una de las sentencias cautelares, la Justicia ha rechazado que el Ayuntamiento no tenga competencias residenciales y le ha achacado el bajo número de informes aportados.

“Todo este asunto pone de manifiesto cuál es la catadura moral del señor alcalde, que unas Navidades amenazó con desahuciar a cinco ancianos y esta Semana Santa declarará como okupas a cuatro familias”, dicen desde el Partido Popular. Juana Valenciano, portavoz de Ciudadanos, ve como máxima responsable a la interventora del Ayuntamiento de Pinto, Mª Isabel Sánchez Carmona: “Ella manda y Ganemos ejecuta”.

Valenciano se sorprende al conocer que el Gobierno pretende volver a iniciar el proceso, y recuerda que su intención inicial fue incluir de forma discrecional a estos ancianos en la ordenanza de Emergencia Social. “Si intentan repetir el procedimiento se van a encontrar con el rechazo frontal de la Oposición –advierte-, así que, por favor, que les dejen tranquilos donde están”.