Un vecino de Pinto consigue que el banco no le arrebate su piso

La ‘titulización’ es un mecanismo jurídico opaco, amparado en la Ley 19/1992,  por el que se produce una cesión de un crédito hipotecario a terceros por parte de la entidad prestamista.

En el caso del vecino de Pinto, a pesar de no personarse hasta una semana antes de la subasta en el procedimiento, consiguió acreditar la titulización de su hipoteca a un fondo de inversiones (cesión de su crédito a un tercero) y por lo tanto la pérdida de los derechos de cobro por parte de la entidad, Bankia, que había cedido su crédito al fondo buitre lucrándose de ello sin comunicárselo a su cliente.

Varapalo | El archivo judicial del procedimiento supone que el vecino de Pinto continúe con la propiedad de su casa. Es un duro varapalo para la entidad financiera y para el fondo que adquirió los derechos de la hipoteca. Este deberá ahora iniciar un nuevo procedimiento judicial plagado de dudas jurídicas, puesto que la titulización genera graves problemas jurídicos para las entidades que la han operado sin comunicación al deudor, como ha sido este caso y, presuntamente, el de miles de otros similares en toda España.

Ahora el fondo buitre tiene muy difícil iniciar una acción ejecutiva y tendrá que plantear un procedimiento ordinario, más lento y con mayores posibilidades de recursos por parte del deudor.

Juzgado pionero en España | Lo cierto es que la venta de hipotecas por los bancos a fondos de los llamados buitres genera serios problemas jurídicos que han provocado una resolución pionera en el Juzgado nº 1 de Fuenlabrada, que ya archivó un procedimiento por el motivo reseñado.

“Hasta donde conocemos esta es la segunda resolución que ha archivado un procedimiento por titulización en España”, ha señalado el letrado Antonio Roqueñi Berrocal, quien con la Asociación Social de Usuarios y Consumidores (ASUC) ha llevado el caso del vecino de Pinto.

Esta resolución judicial abre enormes posibilidades a que las entidades financieras puedan ver paralizadas múltiples subastas por ejecuciones hipotecarias en el territorio español.