Habemus rotonda

Ayer, 15 de octubre, se abrió al tráfico la rotonda o glorieta junto al puente de Buenos Aires, una obra necesaria ya en los años noventa del siglo pasado pero que nunca se llevó a cabo hasta que finalmente se pudo incluir en el último Plan Prisma,cuya financiación corresponde en su gran mayoría a la Comunidad de Madrid que también es la responsable de ejecutar las obras.

El gobierno local anterior (PP) había informado el pasado mes de enero que la glorieta se había adjudicado a la empresa Gruporaga por un importe de 256.546 € y que las obras tendrían una duración de cuatro meses. Finalmente, las obras comenzaron el 16 de julio con el nuevo gobierno de Ganemos Pinto ya constituido, quien anunció que las obras en vez de cuatro meses tendrían una duración de dos meses. Sin embargo, en septiembre, el gobierno local sacó un comunicado diciendo que "el plazo programado" de las obras era de cuatro meses debido a permisos y trámites de las administraciones afectadas por esta obra: Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Pinto, Dirección General de Carreteras y ADIF.

El cierre de esta entrada y salida por el sur del municipio ha causado importantes trastornos a miles de personas que lo utilizan diariamente y de rebote ha provocado grandes atascos de tráfico en los otros puntos neurálgicos del municipio. Por ello fueron muchas las voces -entre ellas este medio de comunicación- que clamaron contra el excesivo plazo de una obra cuya complejidad no superaba el mes o mes y medio de trabajo. Y en cuanto a la duración de los trámites burocráticos -al igual que pasó con la tardanza en inaugurar los ascensores de la estación-, eran sencillamente inaceptables.

La presión mediática y popular hizo que las autoridades locales y regionales fuesen conscientes del problema y acelerasen su solución. Un elemento importante en este acelerón fue la presencia en la Dirección General Regional de Administración Local de la ex alcaldesa de Pinto, Miriam Rabaneda. Por otro lado el gobierno local se esmeró para realizar por cuenta propia (48.000 €) en sólo cinco días la obra de acondicionamiento del firme debajo del puente de Buenos Aires para evitar inundaciones los días de lluvia.

Y así esta vez las distintas administraciones han hecho lo que tendrían que hacer siempre: actuar con diligencia. Algo que ni es habitual ni, por desgracia, normal en la administración pública española.