La Fiscalía y la Guardia Civil investigan el “caso gasoil”

El consejero delegado de Aserpinto Alberto Vera (PP) presentó ante la Fiscalía Provincial de Madrid, el pasado 16 de diciembre, un escrito en el que da cuenta de los “hechos que se imputan al trabajador de Aserpinto Francisco Antonio Martínez Peg en dos vídeos y que pudieran ser constitutivos de un ilícito penal”, por lo que pide que el Ministerio Fiscal “realice las actuaciones que correspondan”.

Por otro lado, el director de administración y gestión de la empresa pública, Alberto Cárdenas, también denunció ante la Guardia Civil el día 5, fecha en la que se publicó anónimamente en Youtube el primer vídeo, el presunto robo de combustible de las dependencias de Aserpinto. En este caso, Cárdenas al tiempo que pide a la Guardia Civil “que se abra una investigación sobre el vídeo y sobre su contenido”, denuncia también “al autor del vídeo por injurias”.

Sin embargo, a fecha de hoy no se tiene noticia de diligencia alguna por parte de la fiscalía y de la Guardia Civil con respecto a los hechos denunciados. Como tampoco se tiene ninguna noticia de las actuaciones para esclarecer los sabotajes de los camiones de Aserpinto ocurridos hace meses. Parece como si todo acabase con la denuncia ante la Guardia Civil, sin que los presuntos delitos sean nunca aclarados.

Los  vídeos | El 5 de diciembre se publica un vídeo en Youtube en el que Martínez Peg, jefe de servicio de limpieza viaria, limpieza de edificios, mantenimiento y almacén en Aserpinto, comete un presunto robo de combustible en la empresa pública. Una semana después, el 12 de diciembre, otro vídeo similar, también subido anónimamente en Youtube, asegura que el jefe de servicios de la empresa pública "Utiliza el puesto de responsabilidad que ostenta para beneficiarse personalmente".

Tras la emisión del primer vídeo, el 5 de diciembre, Cárdenas envía una carta a Martínez Peg dándole un plazo de “48 horas para aportar su versión de los hechos” ya que “la dirección de la empresa desea esclarecer los hechos aparecidos en el vídeo en el que usted aparece”.

Autoimputación | Cuatro días después, el 9 de diciembre, el director de servicio alega por escrito que “no recuerda exactamente el día en que suministré el combustible que aparece en ese vídeo”. Es una acepción implícita de que la persona que aparece en el vídeo es él, si bien añade que “nunca he robado combustible para otros usos que no sean los de Aserpinto” (¿quiere decir que sí lo ha robado para usos de Aserpinto?).

Martínez Peg asume en sus alegaciones el uso de bienes públicos para beneficio privado, aunque lo justifica porque también lo hacían otros, lo que es una declaración gravísima sobre la impunidad y descontrol en el uso de los bienes de la empresa pública. “Como he declarado ante la Guardia Civil -señala el trabajador- en alguna ocasión excepcional he podido utilizar la furgoneta de Aserpinto para realizar algún porte particular, como han hecho otros encargados que ya no trabajan en la empresa”.

También admite que “en alguna ocasión” -eso sí ,“siempre pensando en el interés de Aserpinto”, dice- encargó trabajos a empresas suyas y/o de familiares, “pero siempre siendo el proveedor más barato”, lo que “suponía un menor coste para Aserpinto”. En su descargo asegura que “no era consciente de que esto pudiera estar mal hecho” (lo que refuerza el estado moral de laxitud y descontrol en Aserpinto), por lo que “nunca informé a mis superiores sobre estos encargos”.

Unos días después,  en la reunión del Consejo de Aserpinto del 26 de diciembre, el consejero delegado informó que los trabajos encargados por Martínez Peg a empresas familiares no habían sido “en alguna ocasión”, sino que como ha denunciado el PSOE, hay “más de 40 facturas emitidas a nombre de DOMAR Maquinaria, Electromecánica Martínez y MDG, todas ellas empresas relacionadas con Martínez Peg, cuya cuantía oscila entre los 200 y los 4.000 euros”.

Despido | Tras escuchar las alegaciones del jefe de servicio, la dirección de Aserpinto decide despedirle el mismo día 9 de diciembre por “una falta muy grave de fraude, deslealtad o abuso de confianza en el trabajo”. También la presidenta de PP de Pinto, Miriam Rabaneda, le cesa en la Ejecutiva Local del partido.

Consejo de Administración | El 26 de diciembre se celebra la sesión mensual ordinaria del Consejo de Administración de Aserpinto. En él, el consejero delegado Alberto Vera da cuenta de las actuaciones realizadas en el afaire Martínez Peg, tanto sobre su despido como “la iniciación de medidas legales encaminadas a dirimir otro tipo de responsabilidades”.

A instancias del representante del PSOE, el consejero delegado presenta las facturas que las empresas vinculadas a Martínez Peg emitieron a Aserpinto. También se informó sobre el procedimiento abierto en la Guardia Civil y en la Fiscalía Provincial.

Críticas del PSOE | Para el grupo socialista, el equipo de gobierno “sembró nuevas dudas al relatar unos hechos revestidos con importantes regularidades”.

“Según los responsables de la dirección de Aserpinto, Vera y  Cárdenas, todas esas facturas se pagaban desde el almacén con un fondo de caja, sin ejercer la dirección ningún control en el pago de las mismas”, afirman los socialistas en una nota, “eludiendo así cualquier competencia en estos pagos y trasvasando esta responsabilidad al responsable de almacén, Martínez Peg, y a los trabajadores del departamento de contabilidad”. “Desde el PSOE -denuncian los socialistas- estamos en condiciones de afirmar que todos los pagos de facturas fueron autorizados por Alberto Cárdenas y alguna transferencia fue realizada por Alberto Vera”.

El PSOE exige al gobierno que “se aclaren los hechos” o de lo contrario “emprenderemos todas las acciones legales que nos asistan como grupo político del Ayuntamiento y miembros del Consejo de Administración de Aserpinto”.

Piden otra sesión | Al consejo del 26 de diciembre no asistieron los representantes de los partidos MIA y UPyD. Este último partido no asiste a ningún consejo de la empresa pública, alegando que los políticos no deben estar en órganos empresariales públicos. 

Sin embargo, el pasado 13 de enero, tanto MIA como UPyD, así como PSOE, han pedido la convocatoria de una sesión extraordinaria para “estudiar y deliberar sobre presuntos hechos delictivos denunciados en las redes sociales” y para tratar del “despido de Martínez Peg”.