La Cámara de Cuentas confirma la mala praxis del PP de Pinto durante el año 2014

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha hecho público su informe de fiscalización de los contratos realizados por las entidades del sector público regional durante el año 2014, en el que señala las malas prácticas llevadas a cabo en muchos de estos entes. Entre los señalados se encuentra el Ayuntamiento de Pinto, entonces gobernado por el Partido Popular, al que el organismo solicitó diversa documentación el pasado mes de julio.

La Cámara de Cuentas ya advirtió de varias irregularidades que ha confirmado en este informe definitivo. Entre otras cuestiones, Pinto se encuentra entre los Consistorios que se celebraron contratos en los que se otorgaba la máxima puntuación a ofertas con una determinada baja, en vez de dar prioridad a la propuesta más económica.

Del mismo modo el Ejecutivo no promovió adecuadamente la mínima concurrencia exigible en procedimientos negociados sin publicidad para los que, además, se estableció una duración del contrato limitada a pesar de tratarse de una necesidad de carácter continuado en el tiempo. Un ejemplo es el servicio de control de calidad de los trabajos de la UTE Valoriza-Gestyona, cuya promoción de concurrencia “fue insuficiente ya que solamente obtuvo una oferta válida”.

El informe también critica la “falta de previsión” en la preparación del contrato durante la Operación Asfalto porque “era perfectamente conocida la inconveniencia de ejecutar este tipo de obras en los meses de invierno”. Además pone en evidencia el criterio del precio a la hora de ponderar las diferentes ofertas porque todos los licitadores obtuvieron la máxima calificación posible.

Sobre el contrato de asistencia jurídica y económica, realizada por Aserpinto, la Cámara de Cuentas señala que se adjudicó a la empresa que venía recibiendo este contrato, cuyo valor estimado fue de 60.000 € a pesar de que “el expediente no explica cómo se ha determinado”. También considera que hubo una “discrecionalidad excesiva” en la evaluación ya que los criterios de adjudicación se basaron en “un juicio de valor” al establecerse los baremos “de manera genérica e imprecisa”. El organismo considera que el proceder del PP en este tema supuso “un menoscabo de los principios de publicidad y concurrencia”.

Por último el ente incide en la organización de actuaciones musicales, programa de peñas y la explotación de una macrodiscoteca en las Fiestas de agosto de 2014. El expediente de contratación fue declarado urgente “sin una justificación suficiente”, por lo que de nuevo acusa al Gobierno del PP de “falta de previsión” y de establecer “juicios de valor” como criterios de valoración de ofertas.