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Dos reclusos agreden a funcionarios en las cárceles de Valdemoro y de Navalcarnero

Laura López Viernes, 06 de Marzo de 2015 Tiempo de lectura:

El Sindicato CSI-F Prisiones solicita medidas urgentes para impedir que los ataques se repitan.

[Img #10665]El jueves 5 de marzo dos reclusos agredieron a unos funcionarios en los Centros Penitenciarios de Valdemoro y de Navalcarnero. El sindicato CSI-F señala en un comunicado la gravedad de los ataques: "Los funcionarios recibieron atención médica por las lesiones producidas por los golpes, puñetazos y mordiscos recibidos".

La agresión del Centro Penitenciario de Valdemoro sucedió a las 20.45h. Un recluso que estaba de tránsito en esta prisión –para ser trasladado a Cádiz posteriormente- se abalanzó sobre cuatro funcionarios a puñetazos, hiriendo a tres de ellos. Esa misma semana, el mismo interno había protagonizado otro incidente cuando prendió fuego al colchón de su celda. Fue trasladado a la enfermería en consecuencia y, allí, rompió un cristal y se tragó un trozo de vidrio, teniendo que ser hospitalizado y retrasando su traslado a la cárcel del Puerto de Santa María (Cádiz).

La otra agresión se produjo en el Centro Penitenciario de Navalcarnero a las 12.15h. Un interno iba acompañado del funcionario del Economato Central  para solucionar un problema con una televisión de su celda. De repente el recluso golpeó al agente en la cara con la televisión, partiéndole el labio -según asegura el CSI-F-. Los funcionarios que intentaron reducirlo también fueron agredidos, al igual que el Jefe de Servicios del Centro Penitenciario.

El sindicato ha denunciado las agresiones y ha solicitado a Instituciones Penitenciarias  la “adopción de medidas que impidan la repetición de agresiones similares a las sufridas”. Entre esas medidas se encuentran: aumentar la plantilla; nuevos protocolos de seguridad; declarar a la administración subsidiaria a efectos económicos de los daños sufridos; que las Instituciones Penitenciarias se personen como acusación particular en estos casos y que se dote a los funcionarios de protección jurídica como agentes de la autoridad -puesto que se equipara a fuerzas del orden como la Policía Nacional- .

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