La oposición se pronuncia sobre el despido improcedente de Nieves Escorza

Juan José Martín (PSOE) | La sentencia coincide plenamente con lo que hemos defendido desde un primer momento, que no había ninguna causa objetiva que justificase esos despidos. Es la primera vez en la historia del municipio que se da una circunstancia como ésta. En cualquier caso esto no es más que el resultado de la gestión del concejal de Recursos Humanos que ha introducido en la plantilla del personal del Ayuntamiento inseguridad e intranquilidad en lo que es el desempeño de sus funciones.

Exigimos más que esperamos que la alcaldesa proceda a la readmisión inmediata de los trabajadores que fueron despedidos de una manera injusta. No entendemos que los ciudadanos de Pinto tengan que hacer efectivo el pago de unas cuantías importantes en concepto de indemnizaciones por el tremendo atropello que llevaron a cabo los dirigentes del gobierno.

No pedimos dimisiones sólo rectificaciones porque es una injusticia, más allá de las formas, sobre todo en el fondo. No existe causa alguna que justifique el despido de unos trabajadores que han actuado de manera profesional durante más de 25 años, por ello defendemos su readmisión.

Rafael Sánchez (MIA) | La sentencia es demoledora y deja en evidencia al gobierno. Un informe de autoría desconocida, un decreto de alcaldía totalmente inválido, tramitado por un órgano inadecuado. Nieves debe ser readmitida de forma inmediata. El Ayuntamiento puede presentar un recurso o proceder a pagar a Nieves una indemnización que saldría del heraldo público. Una administración pública tiene que dar ejemplo y asumir las responsabilidades políticas. El señor Salomón Aguado debe aceptar la readmisión inmediata de los trabajadores despedidos y realizar una disculpa pública, de lo contrario debería dimitir.

Aun así, creo que el Ayuntamiento optará por recurrir la sentencia. Después de haberse gastado más de 15.000 € (+IVA) en este primer juicio -al que habría que sumar otro gasto de 8.000 € en una asesoría para realizar impugnaciones del laudo, actas y censo de los resultados de las pasadas elecciones sindicales, donde el sindicato más votado, EPS incluyó en su lista a los trabajadores despedidos- siguen optando por derrochar dinero público para su defensa.

Unas cifras que desconocemos, ya que Salomón Aguado no acudió el día 2 de marzo a la Comisión de Gestión donde debía darnos el desglose de gastos jurídicos, aunque sí lo hizo a la Comisión de Investigación del Caso Púnica, pocas horas después.

José Luis Contreras (UPyD) | Lo primero que pedimos son explicaciones porque que nosotros sepamos no han dicho nada desde que ellos mediante un decretazo expulsaron a éstos trabajadores, tendrán ahora algo que decir al respecto. Los cuatro decretazos se van a pagar con el dinero de todos los vecinos, en UPyD no estamos de acuerdo con ese despilfarro tanto por las indemnizaciones como por la contratación de un gabinete jurídico.

De momento exigimos explicaciones, les escucharemos, y entonces pediremos si caben dimisiones porque lo que no pueden hacer es no decir nada y meter la cabeza debajo de la tierra.