¿Qué pasa con la sentencia del ‘caso Ciempozuelos’?

Todos los gobiernos que ha tenido España han prometido una reforma del sistema judicial español para darle “más eficiencia, más rapidez y más independencia” y todos han incumplido sistemáticamente estas promesas. Lo cierto es que por culpa de unos y de otros el sistema judicial español está hecho unos zorros, pues un Estado que habitualmente emplea lustros en la fase de instrucción de un caso judicial y luego dicta sentencias con cinco, ocho y hasta decenas de años después de ocurrir los hechos, es un Estado fallido desde el punto de vista del Derecho. Porque una sentencia tardía, dictada lustros después de ocurrir los hechos, será formalmente justicia (con minúscula), pero nunca Justicia (con mayúsculas).

Esto es lo que ha ocurrido con el llamado ‘Caso Ciempozuelos’, que comenzó en octubre de 2006, tuvo una instrucción que duró más de siete años, celebró la vista oral durante siete meses y quedó visto para sentencia el pasado mes de julio. Sin embargo, aún no se ha emitido sentencia. ¿Por qué? ¿Qué intereses hay detrás de este caso? Hagamos memoria.

El juez Carretero | Agustín Carretero fue el primer juez instructor del caso. Este ex juez, hoy bajo sospecha de compra de favores políticos y obstruccionismo a la Justicia, que procedió a encarcelar a los dos ex alcaldes socialistas imputados (Joaquín Tejeiro y Pedro Torrejón), abandonó la judicatura unos meses después para ocupar el cargo de director de Política Interior de la Comunidad de Madrid (5 julio 2007), cargo de designación directa nombrado por la entonces presidenta regional Esperanza Aguirre. La presidenta utilizó políticamente el caso para hacer campaña contra “la corrupción socialista”, “uno de los mayores escándalos urbanísticos de España” y el “mayor de la Comunidad de Madrid”, decía, algo que ha mantenido en el tiempo a pesar de las evidencias contrarias y de que se demostró de forma fehaciente que el fax que envió uno de los acusados, Joaquín Tejeiro, a un banco andorrano en el sentido de que iba a cobrar 40 millones de euros de comisiones, era falso.

Pero a Aguirre y al muñidor de las trama, el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, sólo le importaba la utilización política del caso que afectaba a dos alcaldes socialistas. Y en este montaje participaron presuntamente el juez y el diario ‘ABC’.

El juez envió a la cárcel a los dos alcaldes un viernes a las 12 de la noche imponiéndoles una fianza de 900.000 € para que no pudiesen eludir la cárcel (recientemente a Bárcenas por la imputación de delitos de cuantía muy superior se le impuso una fianza de 200.000 €). Tan sólo unos meses después, Carretero fue recompensado políticamente por Aguirre con una dirección general.

La foto | También resultó que ese día y a esa hora en la que los dos alcaldes ingresaban en la prisión de Valdemoro, estaba allí un fotógrafo de ‘ABC’, que retrasó su portada nacional para dar la “exclusiva” de la entrada en prisión de los dos alcaldes socialistas. Tanto 'ABC' como Telemadrid han sido medios de comunicación sectarios en el tratamiento de este caso.

Al abandono de la judicatura por la política de Agustín Carretero, le siguió una sucesión de jueces instructores del caso que prolongaron la instrucción más de siete años. Finalmente, en enero de 2014, comenzó la vista oral en la que la acusación particular ejercida por el PP de Madrid no pudo acreditar ningún delito urbanístico, quedando el falso ‘caso Ciempozuelos’ reducido a una acusación de evasión de capitales de 200.000 € en un caso y de 800.000 € en otro. Ingresos, por lo demás, que los acusados justificaron durante la instrucción y durante el juicio, e incluso la fiscalía retiró la acusación de delito fiscal, aunque será el tribunal quien determine sobre este asunto.

La sentencia | Pero ¿a qué espera el Tribunal para emitir sentencia?, ¿a que Torrejón se presente a las elecciones?. Dadas las irregularidades desde el comienzo de este proceso y sus conexiones políticas, esta dilación excesiva llama la atención, por no decir que provoca escándalo.

Quien esto escribe confía en una Justicia independiente, base de todo Estado de Derecho, pero lo cierto es que una vez leída toda la instrucción del falso ‘caso Ciempozuelos’ y miles de folios de las declaraciones y pruebas de las partes en el juicio oral, no ve corrupción urbanística por ninguna parte y tampoco entiende por qué aún no se ha emitido sentencia. Dada la cercanía de las elecciones, uno no quiere pensar que sea, una vez más, la utilización política de este caso lo que prime para no cerrarlo definitivamente con la resolución judicial que proceda.