El Ayuntamiento de Pinto reclama ante la Justicia un laudo sobre el censo de las elecciones sindicales

La inclusión el pasado 20 de noviembre de los cuatro trabajadores despedidos en el censo electoral para los comicios sindicales celebrados el 17 de diciembre llevó al Ayuntamiento de Pinto a presentar una demanda arbitral contra la decisión de la mesa electoral. Sin embargo tras la comparecencia del 12 de diciembre el árbitro Juan José López Pulido decidió suspenderlo –es decir, no dictar un laudo- hasta que se resolviesen los juicios laborales de los trabajadores.

Por ello el consistorio decidió el pasado 28 de diciembre presentar una demanda impugnatoria contra la decisión del árbitro, que permitió que se celebrasen los comicios sin alterar el censo electoral resultando EPS como claro ganador y con los cuatro empleados despedidos entre los delegados sindicales elegidos. Desde el Ayuntamiento de Pinto consideran que “la resolución arbitral vulnera la legalidad vigente e infringe las normas imperativas en tanto en cuanto no se dicta laudo arbitral, escrito y razonado, resolviendo en derecho sobre la impugnación del proceso electoral”.

Además, el consistorio afirma que los cuatro trabajadores no pueden formar parte del censo electoral porque “el despido produce de manera automática la extinción del contrato de trabajo”. En la impugnación se alega que su inclusión sólo podría aceptarse si el despido se produjo para evitar que formasen parte del proceso electoral, algo que consideran descartado al llevarse a cabo los despidos el 2 mayo.

El juicio por esta nueva impugnación se resolverá el próximo 10 de marzo.

Reacción | Por su parte, desde EPS reconocen que al Ayuntamiento le ampara “su defensa de los intereses de todos los pinteños” pero dicen sentirse sorprendidos por el dinero empleado “en impedir que este sindicato vele por los derechos de los trabajadores municipales”.

En este sentido fuentes municipales han aseverado que el gabinete Garrigues, contratado para los juicios por los cuatro trabajadores, no se ha encargado de este asunto y que su coste –cifrado en más 80.000 € en la página web en apoyo a los despedidos- es inferior al de un contrato menor (21.000 € IVA incluido). Asimismo afirman que este tipo de contrataciones se llevan a cabo por petición de los propios técnicos municipales “porque no se consideran especialistas en estos aspectos”.

En cualquier caso EPS afirma que la única razón de esta decisión del equipo de gobierno es “haber interferido seriamente en unos planes cuidadosamente diseñados para desmantelar los servicios públicos municipales y desprenderse de buena parte de la plantilla”.