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El MIA-Pinto califica de "golpe de estado de facto" el acuerdo PSOE-PP de reforma constitucional

Lunes, 29 de Agosto de 2011 Tiempo de lectura:

Mediante una nota de prensa el Movimiento de Izquierda Alternativa (MIA) de Pinto se opone frontalmente al acuerdo –“pinza”, lo denomina el partido de izquierdas- al que han llegado PSOE y PP para reformar el artículo 135 de la Constitución Española. Como es sabido, este acuerdo pretende fijar en el 0,4% el déficit estructural global del conjunto de las Administraciones Públicas, y sería aplicable a partir de 2020.

Para el MIA, “este acuerdo, alcanzado a toda prisa, y, paradójicamente, aplicable sólo a partir de 2020,  reparte las cifras de déficit de un modo arbitrario entre las distintas Administraciones del Estado y vuelve a penalizar gravemente a las Entidades Locales, al ser estas las únicas obligadas a cumplir el objetivo de déficit cero”.

Según el MIA, “los partidos mayoritarios pretenden ignorar la soberanía popular y, dando una vuelta de tuerca más, llevar a cabo cambios trascendentales -que rozarían, en nuestra opinión, los límites del golpe de estado de facto- en un texto tan importante como es la Constitución, por supuesto, sin tener el detalle de consultar a los ciudadanos”. El partido izquierdista tiene claro que “este proyecto de reforma constitucional es la contrapartida inmediata que ofrece nuestro gobierno a cambio de la compra de bonos españoles -deuda- por parte del Banco Central Europeo”, lo que en su opinión “es absolutamente rechazable”, al “tratar de sustraer a la economía del ámbito político supone llevar a cabo una maniobra de claros tintes totalitarios y antidemocráticos”, además de “criminalizar y hacer casi imposible la aplicación de políticas auténticamente  de izquierdas, en cualquier escalón de la administración, al tratar de blindar las políticas económicas neoliberales bajo el paraguas jurídico estatal”.

Para el MIA, las consecuencias de esta reforma podrían ser “el aumento del empobrecimiento social y decir adiós, esperemos que no de modo definitivo, a la sanidad pública, a la educación pública, y al resto de servicios públicos”, por lo que llama a “la protesta y la movilización”.

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