Consejos vendo, que para mí no tengo

Este refrán español que hace referencia a alguien que le dice a los demás lo que tienen que hacer, pero no lo aplican en su propia persona o empresa, le viene como anillo al dedo a César Alierta, el presidente de Telefónica y el también presidente de la CEC (Consejo Empresarial para la Competitividad), que reúne a las 18 mayores empresas españolas. Al día siguiente de que el CEC hiciese público su informe “España 2018” que propone un plan de choque (que más bien parece un brindis al sol) para crear 2,3 millones de empleos hasta 2018, la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) también hizo pública una multa a Telefónica de 25,78 millones de euros por imponer compromisos de permanencia incluidos en sus contratos para pequeñas y medianas empresas, que "limitan injustificadamente la capacidad de los clientes de cambiar de operador".

El presidente Alierta se ha indignado ante esta multa que considera “discriminatoria” por lo que anunció que la recurrirá.

"Si las prácticas ahora sancionadas son restrictivas, lo serán para todos. Lo contrario es evidentemente discriminatorio", manifestaron los directivos de Telefónica sorprendidos con la sanción de la CNMC. Y, ciertamente, no les falta razón a estos ejecutivos ‘telefónicos’ al decir que la sanción es discriminatoria, puesto que los demás operadores mantienen conductas idénticas a las ejecutadas por Telefónica. Es decir, la protesta de Alierta se basa en que ellos ponen en funcionamiento las mismas prácticas empresariales trapicheras, extractivas y abusivas que los demás, por lo que se extrañan que la impunidad para unos no sea para todos.

Pero lo cierto es que para la CNMC los compromisos de permanencia incluidos en los 'Contratos Premium especial PYME' de telefónica, vigentes desde 2006, tienen “efectos restrictivos a la competencia”, puesto que limitan "desproporcionadamente" la capacidad de los clientes para cambiar de operador y proporciona “beneficios ilícitos” a la compañía sancionada que además obligaba a “un preaviso de un mes” para cambiar de operador.

No es baladí que las operadoras de telefonía lideren el siniestro ranking de las quejas de los usuarios con las empresas suministradoras. Las prácticas comerciales de estas compañías son abusivas, cuando no tramposas, lo que ha provocado un sinfín de litigios en los que los tribunales casi siempre dan la razón a los clientes. Por ello la multa del CNMC, que es un acto de esperanza en la imparcialidad de las instituciones en esta España ‘púnica’, me parece un acto esperanzador que debería extenderse en la proporción que corresponda a los demás oligopolios y empresas extractivas.