Granados a la cárcel

El juez Eloy Velasco ha decretado el ingreso en prisión del ex secretario general del PP madrileño y ex alcalde de Valdemoro, Francisco Granados, el supuesto cerebro de la trama de corrupción. El juez le imputa delitos de blanqueo, organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación y fraude.

Según Velasco, Granados y David Marjaliza, empresario y amigo de juventud de Granados, son el centro de la red de unos supuestos favores políticos y manejos para adjudicar contratos públicos millonarios a cambio de comisiones.

Además de garantizar que Granados es el titular de algunas de las cuentas de las que las autoridades suizas informaron que existían sospechas de blanqueo de dinero, el magistrado afirma en su resolución que existen “nuevas cuentas en Suiza” en las que “constan numerosas operaciones de compraventa de activos financieros, divisas, transferencias internacionales de capital a otros países en América, tanto en euros como en dólares”. Según el juez, el dinero colocado en Suiza retornaba a España tras pasar por varios países bajo la apariencia de operaciones de exportación.

En cuantyo a Marjalina, a quien se le atribuye el mayor número de delitos en la trama - blanqueo, organización criminal, delitos fiscales, tráfico de influencias, cohecho, utilización de información confidencial, malversación, prevaricación, falsedad documental y fraude- Velasco considera que “es cabeza de un amplio entramado empresarial, núcleo de la organización criminal” y “el centro de una amplia red de tráfico de influencias que ha patrimonializado la actividad pública de contratación y de urbanismo con la colaboración de funcionarios y autoridades públicas”.

El juez Velasco sitúa a Granados y Marjaliza en la cúspide de la organización delictiva que se dedicaba a cobrar comisiones por contratos públicos en diferentes administraciones locales y regionales. Esta trama, que hizo del delito un “modo de vida”, según el juez, logró obtener de manera supuestamente irregular la adjudicación de “numerosos” contratos públicos que en algunos casos alcanzaron los 100 millones euros, en su mayoría para la empresa de eficiencia energética Cofely, filial del gigante francés EDF Suez. Marjaliza se ha acogido a su derecho a no declarar ante la autoridad judicial.