“Estamos de acuerdo en que, con la ley en mano, tienen razón pero unos Servicios Sociales no pueden estar para retirar ayudas”, se queja Fernando Oliver, portavoz de la PAH. La trabajadora social del Ayuntamiento de Pinto ha decidido retirar la ayuda para el comedor escolar a Valerica, que vive con su hijo de 11 años en una vivienda de Emergencia Social del municipio que ya debería haber abandonado.
“La Renta Mínima de Inserción (RMI) que recibe de la Comunidad de Madrid incluye una ayuda para el comedor- explican fuentes municipales-. Desde el Ayuntamiento lo que se hace en algunos casos es complementarla para que no paguen nada”. Ahora Valerica deberá pagar un euro por cada comida que su hijo haga en el colegio: “Es la única comida digna que hace al día”, critica la PAH.
El consistorio argumenta que Valerica ha incumplido varias cláusulas del contrato de intervención de ayudas. Además de negarse a abandonar la vivienda de Emergencia Social, desde Servicios Sociales aseguran que tampoco ha acudido a las citas y actividades propuestas desde el Ayuntamiento para mejorar su situación.
Fernando Oliver asevera que Valerica “siempre que le han llamado ha ido a las actividades”, aunque reconoce que le da “pánico” reunirse con su trabajadora social. “No sé qué pasará pero la mayoría de afectados que han necesitado de los Servicios Sociales de Pinto no han querido volver- afirma el portavoz de la PAH-. No se les ofrece ayuda ni formación, somos nosotros los que tenemos que decirles a qué tienen derecho”.
Desde la plataforma se reafirman en que el Ayuntamiento la ha “amenazado” para que abandone la vivienda diciendo que pedirán a la Comunidad de Madrid que le retire el RMI. “No creemos que sean capaces pero los abogados que hemos consultado comentan que sí que lo pueden hacer”, confirma Oliver. Incluso habría advertido a Valerica que de llevarse a cabo “podrían quitarle la custodia de su hijo”.
“La han hundido, no tienen humanidad ninguna- critica Fernando, y avisa-. Cuando la ley es injusta no se respeta”.
brein | Sábado, 13 de Septiembre de 2014 a las 18:59:50 horas
Si el niño no puede ser bien atendido por la madre, la comunidad le debe retirar la custodia y atenderle en sus instituciones, como se ha hecho con ciudadanos pinteños en otras ocasiones. Lo que no podemos convertir Pinto en un reclamo, para Okupas con menores. Ser okupa es un delito tipificado, que lleva hasta dos años de prisión porque es robar un inmueble que no es suyo, se pongan como se pongan los de la plataforma y llenar un pueblo de okupas, entraña muchos riesgos. Si no mirar lo que ha pasado en Villalva.Los de la plataforma que sean generosos con sus bienes, no con los de los demás, que nos cuesta mucho más esfuerzo, que okupar.
Accede para votar (0) (0) Accede para responder