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Según la PAH de Pinto no se le ha ofrecido "ninguna alternativa viable", pese a que Cáritas le ofreció una vivienda en Madrid por 146 €/mes

Valerica rechaza abandonar la residencia de emergencia social

Esther A. Muñoz Ver comentarios 12 Martes, 02 de Septiembre de 2014 Tiempo de lectura:

La vivienda se le concedió hace más de un año, tiempo límite para este tipo de concesiones. Valerica, a cargo de un niño de 11 años, cobra 488 € por RMI y es beneficiaria de ayudas municipales.

En agosto, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Pinto alertaba sobre el caso de Valerica, residente de una de las viviendas de Emergencia Social del municipio, quien, con su hijo de 11 años, debía abandonar el domicilio el 9 de agosto, tras haber agotado el año de contrato con Servicios Sociales. Entonces, la PAH informaba de que Valerica no tenía “otra alternativa habitacional” y que el Ayuntamiento iba “a desahuciarla”.


“Valerica lleva más de 5 años recibiendo ayudas sociales desde el Ayuntamiento”, explica la concejala de Servicios Sociales, Rosa María Ganso, “ayudas familiares, de comedor, libros...”.


La concejala critica a la PAH exponiendo que “no está ayudando, sino perjudicando a Valerica con esta alarma social que han creado”. “Esto no es un desahucio”, aclara Rosa, “Valerica firmó un contrato de vivienda de emergencia social que terminó el 9 de agosto -comenta-. Desde el ayuntamiento ya habíamos realizado las gestiones necesarias para que Cáritas le proporcionase una vivienda (disponible desde el 30 de julio) en Madrid”. Además, “hay otros pinteños que tienen derecho a habitar la vivienda donde está ahora Valerica”, añade la concejala.


“Valerica no deja la vivienda de emergencia social porque quiere vivir en Pinto”, continúa hablando Ganso. Ante las reticencias de Valerica a abandonar Pinto, desde Servicios Sociales le ofrecieron la posibilidad de compartir vivienda con otra familia de emergencia social en una casa de tres habitaciones, durante tres meses más. “Nos dijo que no”, lamenta Ganso. “Ojalá todos pudiésemos vivir donde queremos, pero no es así. Hay que adaptarse a lo que tienes”, concluye la concejala.


El “desahucio”| El 10 de agosto Valerica debía acudir a Servicios Sociales para entregar las llaves de la vivienda. En su lugar, “fue al centro Federico García Lorca con la PAH, sin entregar las llaves y de muy malas maneras”, relata Ganso. “La Guardia Civil se presentó en la vivienda de Emergencia Social porque se habían enterado de una movilización de la PAH a través de las redes sociales”, explica Ganso, “tuve que llamarles para decirles que se fueran, aquello no era un desahucio, Servicios Sociales no va a acudir a una vivienda a echar a nadie”. La PAH criticó la presencia policial, “si no iba a haber desahucio, ¿qué hacían allí? Si no llegamos a estar, seguro que dejan a Valerica y su hijo en la calle”, declaró la plataforma, aunque Valerica ya tenía disponible la vivienda de Cáritas en Madrid.


Gastos | La PAH también ha criticado que Valerica tenga que pagar los gastos luz, agua y gas, de la vivienda, además de la comunidad. “El contrato que firman en Servicios Sociales tiene unas condiciones adaptadas a cada familia”, explica Ganso, “Si dentro de sus posibilidades pueden pagar suministros el contrato sería con esas condiciones. Si los técnicos ven que la familia no tiene posibilidades de pagarlo, nos hacemos cargo”. Ganso añade que si necesitan ayudas para meses concretos “sólo tienen que solicitar la ayuda de suministros”.


Las presiones | Hoy mismo, la PAH ha emitido un comunicado en el que denuncian “las terribles presiones” que sufre Valerica por parte de Servicios Sociales para que entregue “inmediatamente” las llaves. Según la plataforma “la han amenazado con quitarla todas las ayudas que recibe si no lo hace”.


“Es totalmente falso e indignante que nos acusen de estar amenazando a esta mujer”, reprocha a la plataforma la concejala. “Hemos avisado a Valerica de que, debido al contrato que firmó cuando se le concedió la vivienda, si rechaza las alternativas de residencia que le ofrecen desde Servicios Sociales puede perder la Renta Mínima de Inserción (RMI)”. Actualmente Valerica, además de las ayudas que le proporciona el Ayuntamiento de Pinto, cobra 488 € de RMI. La vivienda que Cáritas le ofrecía en Madrid tenía un alquiler de 146 €/mes. “En Madrid recibiría las mismas ayudas que aquí y se le haría el mismo seguimiento que nosotros”. Hoy a las once, Valerica debía acudir a una reunión para aceptar la vivienda de Cáritas. “Ya nos dijo que no se presentaría -revela Ganso- que no iba a moverse de Pinto”.


El fondo | El debate que vuelve a sacar a la luz el caso de Valerica es la disposición de más viviendas de emergencia social en Pinto. Actualmente el municipio cuenta sólo con 3 viviendas de este tipo pese a existir, al menos, diez residencias municipales vacías. En octubre de 2013 el Pleno aprobó por unanimidad una moción para ampliar el parque de viviendas de emergencia social, una moción que a día de hoy aún no se ha ejecutado.


“No todo es emergencia social”, se defiende Ganso, “desde Servicios Sociales trabajamos anticipándonos en lo que nos puede surgir y a día de hoy no necesitamos más viviendas de este tipo”.

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