El “problema” del 3%

El 24 de febrero de 2005, el socialista Pascual Maragall, entonces presidente de la Generalitat, disparó contra CiU, el partido montado por Pujol que había gobernado Cataluña 23 años seguidos (1980-2003): “Ustedes tienen un problema que se llama 3%”. Aquel ataque a la honorabilidad de Jordi Pujol y de todos sus consejeros, a los que acusó de una práctica corrupta continuada consistente en el cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de obras públicas, tenía fundamento.

Tras las investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía (Udef), el Ministerio del Interior estima en 1.800 millones de euros la fortuna de la familia Pujol, Según este informe, el dinero procedería de “todo tipo de acciones delictivas” y el origen del dinero estaría en “el cobro de comisiones”. Es decir, la corrupción habría sido el modus operandi habitual de Pujol y CiU desde que llegaron al gobierno catalán.

A este impresionante expolio, propio de la mafia, no ha sido ajeno el actual presidente de la Generalitat, Arthur Mas, también acusado de evasión de capitales y de participar en el 3%. Es descorazonador comprobar lo que hace tiempo ya sabíamos: que las cúpulas de los partidos políticos de la España democrática han robado a mansalva, porque lo de la familia Pujol, desgraciadamente, se puede extrapolar -con las distancias y los porcentajes que correspondan- al resto de España.   

Lo cierto es que hace mucho tiempo que se sabía parte de todo esto. El padre del ya no honorable Jordi Pujol, Florenci Pujol, fue condenado en el franquismo (en 1959) por evadir impuestos. Ya en democracia, el caso Banca Catalana dejó bien claro que Jordi era otro delincuente. Y hoy está igual de claro que los hijos de Jordi y su mujer, Marta Ferrusola, son de la misma naturaleza.  Lo sabían perfectamente los gobiernos socialistas de Felipe González que, según ha denunciado el ex fiscal Villarejo, había prohibido a los fiscales iniciar acciones contra los catalanes que se llevaban el 3% de comisión. Lo sabían los gobiernos de Aznar y los de Rodríguez Zapatero. Entonces, ¿por qué ahora? ¿para frenar el ‘derecho a decidir’  de los catalanes? Es decepcionante que en este país nuestros gobernantes hayan tapado la corrupción con tal de tener paz social o porque no les convenía tirar de la manta, no vaya a ser que les salpique.

Para recuperar la dignidad de todos los españoles y el orgullo de país, alguien debería iniciar acciones por prevaricación contra los que ordenaron que se mirara para otro lado. Porque mirar para otro lado es un delito muy grave, sobre todo si se es presidente o ministro de un gobierno de España. Pero volveremos antes o después al aquí nunca pasa nada. Acabará el ruido y los ladrones no devolverán un duro, como ha ocurrido antes. Como ha ocurrido siempre. Es España.