El Ayuntamiento de Ciempozuelos ha vuelto a convocar un concurso para contratar a una empresa que preste apoyo a las tareas relativas a la contratación municipal, dado que el contrato con la actual concesionaria finaliza el día 13 de agosto. Con esta licitación, la administración hace caso omiso a los informes emitidos por el secretario municipal, que señalaba que la prestación de este servicio no puede ser desarrollada por una empresa privada.
Según el Secretario General del Ayuntamiento, Manuel Romero, no procede la prestación del servicio de asesoría jurídica en materia de contratación por una empresa privada, porque puede entrar en conflicto de intereses con el propio Ayuntamiento al tratarse de una función reservada al secretario.
Según el informe, que data de agosto de 2013, se incurre en fraude de ley por la ocupación de puestos de trabajo en el Ayuntamiento por empresas privadas, sin cumplir con los principios constitucionales en cuanto a la selección de personal funcionario y laboral.
El PSOE presentará al próximo pleno una moción para que se paralice el proceso de licitación hasta que se resuelvan las advertencias del secretario y para que se estudie el caso en comisión de Hacienda, por si la licitación no fuera adecuada y proporcionada a los precios de mercado y a la situación económica del ayuntamiento.
“Falta de medios propios” | Las tareas de apoyo a la contratación municipal se siguieron desarrollando por la empresa Aebia a pesar de la postura del secretario. Su labor, según han anunciado en la nueva licitación, consiste en preparar los expedientes de contratación administrativa del Ayuntamiento de Ciempozuelos.
El desempeño del servicio tiene un coste anual para el ayuntamiento de 70.785 euros (IVA incluido) y la empresa trabaja 30 horas semanales, de las cuales 20 tendrán que ser presenciales. El nuevo contrato establece una vigencia de 18 meses.
Desde el ayuntamiento señalan la falta de medios propios y la necesidad de un abogado “hacen necesario acudir a la contratación externa de este servicio” y añaden que ni la Secretaría General ni el Servicio Jurídico municipal cuentan con empleados públicos que tengan la cualificación profesional necesaria.
Según el pliego, los trabajos que se desarrollarán son:
- preparación de pliegos
- facilitar informes, dictámenes y consultas de las juntas de concentración administrativas (estado y comunidades autónomas)
- llevar el cronograma de los contratos adjudicados, controlando fechas de vencimiento de vigencia, devolución de garantías o devolución de documentación a licitadores
- tareas administrativas encomendadas que no supongan ejercicio de poderes o funciones de autoridad
- tareas encomendadas por el Servicio Jurídico Municipal cuando no supongan el ejercicio de autoridad inherente a poderes públicos
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