El Partido Socialista de Madrid se querellará contra Carmen Guijorro

El Partido Socialista de Madrid (PSM) presentará una querella contra la alcaldesa de San Martín de la Vega, Carmen Guijorro, por un presunto delito de prevaricación, al no ejecutar las decisiones acordadas en el pleno del día 9 de julio. La equipo jurídico de la formación regional considera que los trámites jurídicos comenzarán en septiembre.

En dicha sesión, la corporación municipal acordó por mayoría la supresión de la figura del cargo de confianza de alcaldía, de la revista municipal y la recuperación del 100% de la jornada y el sueldo de seis trabajadores del ayuntamiento.

Según el PSOE, la alcaldesa ha vulnerado la Ley de Bases de Régimen Local, que establece que la regidora debe ejecutar y cumplir los acuerdos alcanzados por el Ayuntamiento, y la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, según la cual “los actos de las Administraciones Públicas sujetos a Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten”.

El equipo de Gobierno, sin embargo, entiende que las decisiones alcanzadas durante la sesión plenaria son nulas de pleno derecho y ha comunicado, a través de la web del PP, que el Ayuntamiento ha recurrido la enmienda ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Desde la formación consideran que la aplicación de estas decisiones “supondría daños de imposible reparación para la administración por el aumento irreversible de los costes de personal”.

Desde los departamentos municipales de Secretaría e Intervención y desde los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento se han emitido informes que avalan la versión de los socialistas y que dictaminan que Guijorro está obligada a ejecutar los acuerdos plenarios y que el gasto en personal se compensaría con la supresión del cargo de confianza y de la revista. Para el PSOE, la actitud del PP responde a que la alcaldesa no quiere prescindir de su cargo de confianza, que es además su compañero sentimental.

El pleno tiene competencia para, dentro de los límites que establece la ley, estipular el número y la retribución del personal eventual que contrate el Ayuntamiento, como es el asesor o cargo de confianza. Por tanto, también puede votar la supresión de esta figura, si bien no tiene competencia para decidir quién ocupa este puesto.