La Plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda presenta sus presupuestos al ayuntamiento

La Plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda de Valdemoro -un grupo de trabajo de la Asamblea 15M Valdemoro que audita la deuda que en la actualidad tiene el ayuntamiento de la localidad- ha presentado al consistorio unos presupuestos alternativos (que figuran al final de esta noticia) con la intención de "demostrar que es posible promover una economía al servicio de los ciudadanos y ciudadanas".

Hacen público el documento tras la aprobación en pleno de los presupuestos municipales para 2014 el pasado 10 de julio, donde "tratamos de expresar nuestras inquietudes" y "al preguntar por la deuda real del ayuntamiento, el alcalde (José Carlos Boza) dio por finalizada la sesión de malas formas retando a que realizáramos unos presupuestos", critican desde la plataforma.

El grupo considera que de aplicarse estas medidas, se podría incrementar el gasto social "y aliviar los bolsillos de los habitantes del pueblo", y matizan que la deuda reconocida por el consistorio es de casi 100 millones de euros y se basa en datos del Ministerio de Hacienda, pero que "se trata sólo de la deuda viva, la deuda real es mucho mayor" y la estiman en casi 150 millones de euros.

Por otra parte, critican que el equipo de Gobierno "ha incumplido de manera sistemática" sus planes en materia económica, relativos al saneamiento, al límite de la deuda o a la estabilidad, entre otros. Además, manifiestan que "analizados los presupuestos anteriores se comprueba la continua desviación que existe entre lo que planifican y lo que realmente sucede". Según la Plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda de Valdemoro, "los presupuestos de cada año son irreales y no están hechos con el rigor que debería corresponder a una entidad tan importante como un ayuntamiento".

Medidas | Después de destacar "la escasa transparencia" del Gobierno local, proponen una serie de medidas que, según la plataforma, "no reducirían el gasto social" e incluso podrían incrementarlo reduciendo algunas partidas, como los gastos de representación, protocolo, dietas, publicidad, propaganda y asesores de concejales y alcalde. Según los auditores, "estos gastos deben correr a cuenta de estas personas" y "existen funcionarios suficientes como para no tener que pagar sueldo a asesores puestos a dedo". Según sus cálculos, esta medida supondría un ahorro de 3,5 millones de euros para las arcas municipales.

Proponen también paralizar las partidas presupuestarias "cuyo origen y fin es la deuda generada en contra del interés general de la población". Para llevar a cabo esta acción, habría que "delimitar responsabilidades y canalizar qué deuda es legítima y qué deuda no lo sería". También consideran que con la remunicipalización de los servicios públicos privatizados -finalizando los contratos con las empresas adjudicatarias antes del plazo fijado- el ayuntamiento ahorraría unos 4,5 millones de euros.

Apuestan por un "ahorro coherente con las partidas presupuestarias", reduciendo, entre otros gastos, el consumo de agua, el número de concejalías o trasladando actividades que actualmente se realizan en espacios alquilados a edificios municipales, para alcanzar un ahorro estimado de 3 millones de euros. Para aumentar los ingresos municipales sin subir los impuestos, consideran necesario vender el coche de alcaldía, eliminar privilegios del pago del IBI y alquilar plazas de aparcamiento públicas a precios populares y asequibles.

Según sus cálculos, con estas medidas podría realizarse la "apertura real del Centro Social Vicente Ferrer" y de las instalaciones deportivas del Complejo Río Manzanares, además de su reparación. También estiman que se eliminaría la tasa de basuras, la zona azul (SER) y se solicitaría una revisión catastral "para ajustar el precio del IBI con la realidad".

Por último, añaden una propuesta que ya el Partido Popular ha realizado en Parla: solicitar al Ministerio de Economía que un grupo de expertos evalúe la situación económica del municipio.