El concejal de Medio Ambiente y primer teniente de alcalde Julio López Madera ha anunciado que el Gobierno pinteño llevará al próximo Pleno municipal, que se celebrará el 27 de octubre, una nueva ordenanza que regulará el uso de antenas de radiofrecuencia en Pinto. Este tema que se trató en reuniones de la Agenda 21 de Pinto en la legislatura pasada, sin embargo fue paralizado por el anterior Gobierno local. La necesidad de aprobar una ordenanza que regule el uso de antenas de radiofrecuencia fue debatida de nuevo en una reunión reciente de la Agenda 21 de Pinto. Para el concejal de Medio Ambiente, López Madera, “este asunto no se puede demorar más para que no haya antenas de emisión cerca de colegios, centros comerciales o cualquier otro lugar de afluencia masiva de personas”.
Desde hace años, pero especialmente en las últimas semanas, un grupo de vecinos de la calle Joan Miró y su entorno han manifestado al concejal de Medio Ambiente de Pinto que la gran antena instalada desde hace años en un edificio de esta calle les “produce un creciente deterioro en su salud”. Se da el caso de que una mujer mayor, especialmente sensible a estas emisiones, ha tenido que abandonar su piso de la calle Joan Miró y marcharse fuera de Pinto. Estos vecinos piden que el Ayuntamiento obligue a las compañías de telefonía a que instalen estas antenas fuera del centro de Pinto en lugares no habitados.
Impidieron la instalación de una gran antena
Pinto conoce un caso triunfal de la movilización ciudadana contra los intereses de las compañías de telefonía movil. Fue en julio de 2004. Cerca de 400 vecinos pinteños de las calles Islas Canarias y entorno impidieron la instalación de una gran antena de 15.000 kilogramos que una compañía pretendía instalar en el tejado del portal nº 19 de la calle Islas Canarias. A pesar de tener permiso municipal para esa instalación, los vecinos se amotinaron e impidieron que la antena pudiese ser instalada.
Ante la actitud de los vecinos, que habían recogido más de 1.000 firmas en el barrio contra esta instalación, el Gobierno municipal del entonces alcalde socialista Antonio Fernández se vio obligado a derogar la licencia que había concedido a la empresa e indemnizarla.
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