UPyD solicita que los resaltos ilegales instalados por el Ayuntamiento de Pinto se adapten a la normativa vigente

El partido Unión Progreso y Democracia (UPyD) anuncia que presentará en el próximo Pleno Municipal, que se celebrará el 25 de octubre, una moción para “adaptar los reductores de velocidad existentes en Pinto a la legalidad vigente”. Hace un año UPyD, entonces sin representación institucional, ya había denunciado la ilegalidad de los diferentes reductores de velocidad instalados en las calles del municipio de Pinto, sin que el Gobierno Tripartito presidido por Juan José Martín (PSOE) actuase en consecuencia. Actualmente, con el Gobierno del PP, las cosas siguen igual, por lo que UPyD presenta esta moción para que se adapten los resaltos, bandas transversales y pasos de peatones sobre-elevados a la normativa del Ministerio de Fomento.

Los resaltos son obstáculos físicos que se colocan en la calzada con el fin de obligar a los conductores a reducir la velocidad. Estos resaltos deben cumplir con los modelos aprobados por el Ministerio de Fomento en su Orden 3053/2008 de 23 septiembre, que establecía un plazo de dos años para que las distintas administraciones se adaptasen a la Orden. Este plazo se cumplió el año pasado y hasta ahora ni el Gobierno municipal anterior ni el actual han cumplido con la legalidad exigida.

UPyD denuncia que en Pinto “hay gran cantidad de resaltos y reductores de velocidad que exceden en mucho las especificaciones de altura, anchura y pendiente establecidas por la normativa de Fomento, y que hacen en muchos casos que los vehículos aun entrando por debajo de la velocidad marcada impacten con sus bajos en el asfalto, con el consiguiente deterioro de los mismos”.

“Somos conscientes de la función que estos reductores de velocidad deberían tener y por la que fueron instalados en las diferentes calles -señala el portavoz del partido magenta en el Ayuntamiento de Pinto, Jose Luis Contreras-, pero hemos podido comprobar como en muchos casos han pasado a convertirse en elementos que entorpecen la circulación de vehículos, y que más que un método para aumentar la seguridad vial suponen un riesgo añadido y causa numerosos desperfectos a los vehículos de los vecinos que circulan por nuestras calles”.

Contreras también hizo hincapié en “la urgencia por adaptar a la legislación todos estos resaltos, ya que cualquier defecto en un vehículo originado por estos reductores de velocidad, así como las posibles lesiones que pueda sufrir algún ciudadano que cruce por algún paso de peatón que no cumpla la normativa, puede dar lugar a demandas por parte de los afectados, con el consiguiente desembolso económico que esto originaria para las arcas municipales”.