El pasado martes 29 de abril el Congreso aprobó la nueva Ley General de Telecomunicaciones, gracias a los votos de PP, PSOE y CiU. El nuevo texto facilita a las operadoras la expropiación forzosa de azoteas particulares y otras propiedades privadas y públicas para la colocación de antenas de telefonía móvil y deja a los Ayuntamientos y comunidades de vecinos sin voz, ni voto.
El objetivo que sigue esta nueva normativa es que las compañías puedan “acometer proyectos de gran envergadura”, favoreciendo el despliegue de redes con el fin de cumplir los objetivos de la Agenda Digital para Europa, que persigue que todos los ciudadanos puedan acceder a conexiones de banda ancha a una velocidad de como mínimo 30 megabits por segundo (mbps) en el 2020 y que la mitad de los hogares puedan llegar a velocidades superiores a 100 mbps.
Ayuntamientos sin competencias | A partir de ahora no será necesario que los ayuntamientos otorguen licencias municipales de obras y de actividad para que las compañías telefónicas puedan instalar las antenas. Tampoco hará falta realizar estudios de impacto ambiental, bastará con que el Ministerio de Industria haya aprobado previamente “un plan de despliegue o instalación de red en el que se contemplen dichas infraestructuras”. Las compañías solo estarán obligadas a presentar una “declaración de responsabilidad” en la que certifiquen que cumplen los requisitos exigidos por la nueva ley.
Las comunidades de vecinos están desamparadas con la nueva ley, que permitirá a las compañías la expropiación de sus azoteas, escudándose bajo el texto “si resulta necesario para la instalación de la red y no exista otra alternativa técnica o económicamente viable”.
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