El Pleno municipal nombra a Esperanza Rodríguez Jarabo como nueva Jueza de Paz de Pinto

Pleno más convulso de lo esperado que de nuevo se celebró sin el secretario municipal, que lleva dos meses de baja tras su incidente con el concejal Salomón Aguado. En esta ocasión el acto no fue retransmitido por la página web municipal ya que, según explican fuentes municipales, la adjudicación del servicio todavía se encuentra en la fase de contratación, aunque se espera que se retome el mes que viene.

La sesión del mes de marzo comenzó con un minuto de silencio y una declaración institucional reconociendo la “trayectoria política y humana” del ex presidente del Gobierno de España Adolfo Suárez. Tras el homenaje el pleno votó al nuevo Juez de Paz de Pinto y su suplente, un punto que levantó asperezas entre los concejales.

De las seis personas que se presentaron al cargo el gobierno eligió a dos de ellos para que fuesen votados por la corporación para los puestos de titular y suplente. Aunque el primer teniente de alcalde, Julio López Madera, insistió en que la oposición no había tenido ningún interés en consensuar la elección, el resto de partidos criticaron su “propuesta cerrada” al no poder elegir entre todos los candidatos.

El equipo de gobierno propuso como nueva Jueza de Paz a Esperanza Rodríguez Jarabo, antiguo cargo de confianza de urbanismo del PP, y como suplente a Cristina Magdalena Troya, que según MIA hasta hace poco estaba empadronada en Villanueva de la Cañada. José Luis Contreras, concejal de UPyD, recordó las palabras de Juan Antonio Padilla, actual concejal de Deportes, cuando el PP se encontraba en la oposición eligiendo al anterior Juez de Paz: “Lo que ustedes están haciendo es un acto arbitrario. Esta elección no puede ser cosa de mayorías absolutas, cada grupo político debe valorar las actitudes de cada candidato para elegirlo entre todos”.

Las quejas de la oposición terminaron por hacer estallar a Miriam Rabaneda, alcaldesa de Pinto, recordando que “ustedes tienen todas las facilidades del mundo, una cosa que nosotros no hemos tenido jamás”. El concejal del PSOE Juan José Martín pidió entonces un receso para tratar de encontrar una solución que, a pesar de las reticencias iniciales de la primera edila, fue concedido.

Finalmente cada grupo eligió entre los seis candidatos iniciales. Aunque la oposición votó en bloque a la actual jueza Monserrat Trillo Marcos como titular y a María Belén Díaz Moreno como su suplente, la mayoría del PP fue suficiente para convertir a Esperanza Rodríguez en la nueva Jueza de Paz de Pinto y a Magdalena Troya como su suplente.

Liquidación | El segundo punto fuerte del día fue la presentación de la liquidación presupuestaria de 2013 que para la oposición presenta una cifras macroeconómicas “bondadosas”, pero con un impacto social para los pinteños “nulo”.  El concejal de Hacienda, Salomón Aguado, considera que el superávit de 9.713.023 € del Ayuntamiento refleja que el municipio ha dejado atrás “los números rojos, impagos y demandas de los gobiernos del despilfarro de la izquierda y del PSOE”.

El resto  de partidos, sin embargo, destacaron la liquidación de las partidas presupuestarias, en especial las de Emergencia Social (34.117,29 € gastados de 280.000 € presupuestados), Obras e Infraestructuras (592.000 de 1.696.000 €), Reposición Parques y Jardines (36.900 de 300.000 €), Fomento del Deporte (0 de 100.000 €), Subvenciones a Asociaciones (150 de 80.000 €), Promoción al Turismo (0 de 25.000 €), Escuelas de Formación (0 € de 900.000 €) y Promoción de PYMES y Comercio (11.300 de 25.000 €).

“Los pinteños ven que pagan más en general y cada vez reciben menos”, criticaron desde MIA. José Luis Contreras se mostró especialmente molesto con Rosa Ganso, concejala de Servicios Sociales, a la que hasta en cuatro ocasiones pidió “al menos una rectificación” sobre los 120.000 euros anunciados de gasto en Emergencia Social.

La única respuesta a este tema del equipo de gobierno la dio Salomón Aguado a punto de finalizar su intervención: “El problema ha sido que no ha dado tiempo de pasar las cifras de 2013 a 2014 del fondo de anticipo de cuentas”, matizó entre las risas de la oposición.

Más allá de estas críticas, otro de los puntos calientes del debate fue la anunciada reducción de la deuda municipal en más de 9 millones de €. Según José Miguel Govantes, concejal del PSOE, el anuncio no es más que una “mentira” del gobierno y aseguró que “Pinto aporta más a la Comunidad de Madrid que al revés”. Del mismo modo su compañero de partido Martín Nieto recordó que los buenos datos del Ayuntamiento se deben al plan económico puesto en marcha por el tripartito en 2009.

“Claro que funcionó, ese plan lo redacté yo y se lo dejamos hechito. Cogieron hasta los índices y las tablas, no me cuente historias”, pidió Aguado.

Acuerdos | A continuación el pleno debatió sobre la moción conjunta de PP y UPyD para reclamar el respeto de los derechos humanos en Venezuela, que solo tuvo el rechazo del MIA. El partido condenó los 35 muertos, 460 heridos y más de 2.000 detenidos producidos desde que se iniciaron en febrero las protestas contra el presidente Maduro pero recordó que “es un gobierno salido de las urnas” y que “no respalda mentiras”.

La declaración dio paso a una polémica que poco a poco fue contagiándose al público asistente, hasta el punto de que Miriam Rabaneda mandó desalojar a dos personas que entre sus protestas recordaron el calificativo de “nazi” de Rosa Díez hacia la PAH. El “Venezuela es un régimen dictatorial como lo son Cuba y Bolivia” de Juan Antonio Padilla, concejal de Deportes, acabó con la acusación de UPyD de que Rafael Sánchez, concejal de MIA, “no condena el asesinato de más de 30 personas”.

También hubo consenso, esta vez por unanimidad, en la moción conjunta de PSOE y PP para ampliar los ciclos formativos en los institutos públicos, “una de las formaciones más demandadas por las empresas” según el concejal de Educación, Fernando González. La propuesta de PSOE y MIA para mostrar su solidaridad con los ocho sindicalistas de Airbus represaliados por su participación en la huelga general de 2010 fue a su vez aprobada con los votos favorables de PSOE, MIA y UPyD y la abstención del PP.

En cuanto a la moción de UPyD para sustituir las sanciones económicas por trabajos en beneficio de la comunidad el partido pidió un receso para luego decidir aplazar la propuesta para el próximo pleno.

Rechazos | La primera de las mociones que no salió adelante fue la del PSOE en relación al fondo de pago a proveedores en los ayuntamientos para paliar, según el socialista Govantes, la pérdida de ingresos por la crisis para que “repercuta positivamente en la economía de cada municipio”. Tanto MIA como UPyD apoyaron la propuesta que, sin embargo, se topó con la negativa del Partido Popular.

“Ustedes piden que seamos benevolentes con aquellos que lo hicieron mal y que nos han puesto en peligro a todos”, criticó Salomón Aguado que también aseguró que el Plan de Pago a Proveedores ha sido “la mejor medida que un Gobierno de la nación ha hecho por las empresas”. La oposición por el contrario considera que el programa, al que Pinto se ha adherido hasta en tres ocasiones, cuenta con numerosos “claroscuros”.

Tampoco prosperó la moción socialista sobre la lucha contra la exclusión social y renta mínima de inserción por el voto negativo de PP, la abstención de MIA y los únicos apoyos de UPyD y PSOE. Tanto Daniel Santacruz, concejal de MIA, como Rosa Ganso consideraron que en la actualidad ya existe un grupo que trabaja contra la exclusión en Pinto.

Un motivo por el que precisamente el PP rechazó las dos últimas propuestas de MIA instando a que el gobierno impulsase el tejido asociativo del municipio y crease un ‘Programa de mejora y acondicionamiento de los centros educativos de Pinto’.