Millones de euros a la papelera

En días pasados la Agencia Tributaria ha confirmado el archivo definitivo de la reclamación de 1,3 millones de euros de iva facturados indebidamente por Aserpinto al Ayuntamiento en los ejercicios 2004 y 2005. Es decir, Hacienda se queda con 1,3 millones de euros pagados innecesariamente por el Ayuntamiento de Pinto. O lo que es lo mismo, 1,3 millones de euros de los contribuyentes pinteños se han tirado a la papelera.

Si esta reclamación, iniciada en 2008, hubiese sido encauzada de forma profesional en sede judicial, Pinto hubiese recuperado ese dinero, pues la razón jurídica estaba de su parte y no de Hacienda, como ha dictaminado reiteradamente el Tribunal Supremo desde 2003. Pero no se hizo de forma eficiente y el resultado final ha sido la pérdida para el conjunto de los pinteños de 1,3 millones de euros. 

Desde los años 90 del siglo pasado, varias empresas públicas han venido reclamando en los tribunales la devolución del iva facturado indebidamente a los respectivos ayuntamientos, hasta que el Tribunal Supremo, en 2003,  les da la razón a las mercantiles públicas y obliga a Hacienda a las devoluciones de los importes facturados indebidamente. Sin embargo, tanto Aserpinto como nuestro Ayuntamiento ignoran todo esto y aún en abril del 2007 el entonces gobierno Tripartito firma un Acta de Conformidad con la inspección de Hacienda en la que reconoce que “la actividad principal de Aserpinto está sujeta y no exenta de iva”, lo que era un manifiesto error que, a la postre, supondrá una pérdida para el municipio de 1,3 millones de euros. 

No es hasta 2008 cuando el Ayuntamiento y Aserpinto se dan cuenta del error y reclaman a Hacienda la devolución de las cantidades indebidamente facturadas en los cinco últimos años. Pero las cantidades anteriores, de 1977 a 2003, se pierden por haber prescrito. Esta falta de competencia y diligencia en la administración de fondos públicos más que un síntoma, es una enfermedad y un retrato de cómo se han hecho las cosas. Baste como botón de muestra que la esposa del dirigente de uno de los tres partidos que formaban el gobierno Tripartito (2009-2011) fue nombrada consejera delegada de Aserpinto, sin tener la más mínima experiencia ni preparación en gestión de empresas ni nada que se le pareciese. Eso sí, cobraba 900 euros por cada consejo de administración (menos de una hora de reunión), frecuentemente más de una vez al mes, al igual que cobraban 300 € por sesión el resto de consejeros (políticos de todos los partidos, sindicalistas y hasta el secretario del Ayuntamiento). Por cierto, estas dietas fueron suprimidas por el actual gobierno desde su toma de posesión en junio de 2011.