El Ayuntamiento de San Martín paga 6.000 euros por un informe externo que contradice a los técnicos

El Ayuntamiento de San Martín de la Vega ha encargado un informe a una empresa externa para aclarar si Serviocio tiene que devolver a los usuarios de la piscina cubierta el porcentaje que cobró de más tras el aumento del IVA.

El equipo de Gobierno ha gastado 5.929 euros en un informe realizado por la consultora Ideas y Proyectos GPR con la intención de aclarar “la incidencia y repercusiones” que la subida del IVA tiene “sobre el contrato administrativo de gestión del servicio”.

El nuevo documento establece que la empresa no tiene que devolver la cantidad que ha cobrado en exceso a los usuarios, sino un 2,5% del IPC, aunque del informe se extrae que el Ayuntamiento podría terminar compensando a Serviocio lo gastado.

Del informe se extrae que se trata de una tasa y no de “precio público”. Desde el PSOE critican que la alcaldesa haya pagado para obtener “un informe a medida” y alegan que “algunas veces les valen los informes, pero cuando no se ajustan a lo que quieren solicitan uno externo”.

En 2012, varios vecinos criticaron que la empresa había cobrado un 10% de más desde koctubre de 2012. Serviocio aumentó las tarifas “debido a las nuevas medidas llevadas a cabo por el Gobierno que modifican el IVA aplicable”, variando del 8% al 21%. La empresa aseguró por escrito que esta decisión contaba con el visto bueno del Ayuntamiento de San Martín.

Sin embargo, el PSOE recordó el artículo 47 del RDL 2/2004, que establece que “el establecimiento o modificación de los precios públicos corresponderá al pleno de la corporación”. Así pues, la decisión no podría ser tomada unilateralmente por la empresa, si no que la subida habría de ser discutida en pleno. La concejal de Hacienda, Carmen Alía, confirmó en su momento que se estaban cobrando las tarifas de manera indebida y declaró que se solicitaría a la empresa su devolución.

El Ayuntamiento ha invertido casi 6.000 euros en el informe, aun cuando el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid hubo declarado nulos de pleno derecho los acuerdos tomados en el pleno de 29 de diciembre de 2012, cuando el PP desestimó las alegaciones que un vecino presentó a la ordenanza que regula los impuestos, las tasas y los precios públicos.

El interventor municipal también elaboró en su momento otro informe donde aclaraba que la empresa no tenía la potestad para repercutir directamente la subida del IVA de forma unilateral, sin la correspondiente modificación de la ordenanza por el pleno, al tratarse de un “precio público”. El informe también recogía que la empresa podría ser sancionada por incumplimiento grave de contrato.